La Comisión Europea acepta la queja de la Alianza Mar Blava contra el Gobierno de España por incumplir la tramitación ambiental

La CE informa a la Alianza que la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia y que será informada directamente de los resultados de dicho examen y, en su caso, del desarrollo del procedimiento de infracción.

Cada Estado miembro de la Unión Europea es responsable de la aplicación correcta del Derecho de la UE en su ordenamiento jurídico interno. La Comisión Europea debe velar por la aplicación correcta del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. Por tanto, cuando un Estado miembro no respete este Derecho, por acción u omisión, la Comisión dispone de poderes propios (el recurso por incumplimiento) para intentar poner fin a esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión realizará, bien sobre la base de una denuncia, como es el caso de la realizada por la Alianza Mar Blava, o bien a partir de infracciones que ella misma detecte, las gestiones que considere justificadas. La Comisión Europea puede buscar informaciones suplementarias para determinar los hechos y los aspectos jurídicos relativos al expediente y puede ponerse en contacto para ello con las autoridades españolas.

A partir del examen de toda la documentación, si la CE considera que puede existir una violación del Derecho de la UE que justifique la incoación de un procedimiento de infracción, enviará a Gobierno de España un escrito llamado «de requerimiento», emplazándolo a presentar sus observaciones, explican desde la Alianza Mar Blava. El Estado miembro deberá pronunciarse respecto a los elementos de hecho y de Derecho en que la Comisión funde su decisión de incoar el procedimiento de infracción. El plazo orientativo que se marca la CE para adoptar una decisión sobre el fondo del asunto (inicio de un procedimiento de infracción o archivo definitivo del expediente de denuncia) es de 12 meses a partir de la fecha de registro de la denuncia.

Los hechos denunciados por la Alianza Mar Blava son la actuación, contraria a la normativa de la Unión Europea, del Gobierno de España en la gestión de las autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental.

Para la Alianza Mar Blava el Gobierno español «ha ignorado de forma deliberada el ejercicio formal de la planificación y programación de hidrocarburos y con ello su evaluación ambiental estratégica de los efectos sobre el medio ambiente».

Aunque la petrolera Cairn Energy decidió recientemente abandonar su programa de prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia [motivo por el cual el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) emitió el pasado 26 de junio una resolución de archivo definitivo del proyecto], el Gobierno español sigue tramitando por separado una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área balear-levantino-catalán que amenazan gravemente el medio ambiente y la economía de las Islas Baleares.

Los proyectos en cuestión son la campaña sísmica en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear, cuyo promotor es Spectrum Geo Limited, la campaña sísmica en áreas libres del golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares, cuyo promotor es Seabird Exploration, y las campañas de adquisición sísmica (y sondeos exploratorios proyectados) del área de Casablanca, frente a las costas de Tarragona, promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas.

Este conjunto de actuaciones de exploración de hidrocarburos que han sido o están siendo objeto de autorizaciones por el Gobierno de España de forma simultánea o sucesiva en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental, es lo que la Alianza Mar Blava ha denominado como “Programa de Exploraciones Acumuladas” en su queja a la Comisión Europea.

Desde la Alianza Mar Blava, recuerdan que el Gobierno de España ha incumplido e incumple, al menos, las normas que se indican por los hechos que se señalan:

• el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental antes de su adopción;
• los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental estratégica antes de su adopción;
• el artículo 2 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo y el artículo 7 del Convenio de Aarhus de 1998 adoptado en la Unión Europea por Decisión 2005/370/CE al omitir la participación pública en los citados procesos de evaluación ambiental;
• el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) al no haber eliminado las consecuencias ilícitas del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea señalado.En su escrito de queja, la Alianza Mar Blava solicita a la Comisión Europea que se inicie «un procedimiento de investigación y, tras la tramitación oportuna, se requiera al Gobierno español a realizar una correcta evaluación de impacto de dichas actuaciones».