@Noudiari/ Siguen llegando buenas noticias a las islas en relación a los proyectos de investigación y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha informado desfavorablemente al proyecto de la empresa Schlumberger (que ha tomado el relevo a Seabird como promotora del proyecto) en la Costa Brava y Menorca, según publica el diario La Vanguardia.
Este nuevo varapalo a la explotación de yacimientos de hidrocarburos se suma al que ya recibió la multinacional Repsol en Canarias, argumentado en que no respeta a los cetáceos y las tortugas y al hecho de que el informe presente «graves carencias», según los técnicos de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar y sea un «burdo corta y pega», en palabras de la Alianza Mar Blava.
El gobierno argumenta en su informe negativo, que la documentación presentada por la empresa «no ofrece detalles claros de cómo se llevará la exploración y no tiene en cuenta el impacto sobre cetáceos y tortugas, entre otras carencias». Los técnicos aseguran que en el proyecto hay numerosas inconcreciones e inexactitudes. Para llevar a cabo los sondeos que quiere realizar la empresa, esplican los funcionarios, «se emplea una embarcación especial con cañones de aire comprimido de alta presión (air guns) que emiten ondas acústicas cuyos ecos permiten elaborar un mapa 3D de las formaciones rocosas susceptibles de albergar el crudo. El problema de estas ondas acústicas puede causar daños a la fauna marina, incluso a distancias muy lejanas».
Faltan detalles
El informe de Medio Ambiente considera incompleta e insuficiente la información proporcionada, pues “no se indica por cuántos cañones estará formado” el dispositivo, ni cuál es su configuración, “siendo éste un dato importante para la evaluación” del proyecto y “reducir el impacto acústico”. También, se remarcan los errores del proyecto presentado, sobre todo cuando éste habla de “especies de Andalucía” o hace alusiones a la plataforma Casablanca frente a Tarragona, lo que hace sospechar que se trata de párrafos copiados empleados en otras solicitudes.
Del suelo marino se dice, primero, que es de arena y fango, y luego de limos y arcillas. Igualmente, hay errores en determinar el modelo acústico presentado, que no respeta las guías técnicas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Otros errores detectados son que el proyecto sólo se refiere a la tortuga boba como de “interés especial” (en realidad está catalogada como “vulnerable” en el catálogo nacional de especies amenazadas); también se echa en cara a los promotores que no hayan considerado otras especies de tortugas marinas (tortuga laúd, tortuga verde y tortuga lora), “que deberían haber sido tenidas en cuenta” también.
Los promotores, según publica La Vanguardia, dicen que sólo hay rorcuales, y que por lo tanto la tarea de vigilancia puede hacerse con solo dos observadores en el barco (quienes ordenan parar los disparos de cañones si hay un avistamiento de animales); pero Sostenibilidad de la Costa y del Mar replica que en el norte de Catalunya y el golfo de León se concentran poblaciones de cetáceos (entre otras, delfín listado, delfín mular, delfín de Risso, zifio de Cuvier, calderón común, cachalote y rorcual común). De hecho, el Cañón de Creus se considera una zona de elevada frecuencia de cetáceos.
Un proyecto inaceptable
“El proyecto presentado es inaceptable por sus múltiples errores, algunos de los cuales son una demostración palpable del burdo corta y pega realizado por el promotor, lo que le quita toda validez al documento”, dice Carlos Bravo, Coordinador del secretario Técnico de la Alianza Mar Blava. “Numerosos apartados evidencian que el promotor pretende a las claras priorizar el uso de los ‘air guns’ al máximo saltándose y tergiversando las recomendaciones o exigencias científicas reconocidas universalmente para proteger la fauna y que son obviamente de aplicación en España”, añade Carlos Bravo.
El informe de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa ha sido elaborado a requerimiento de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (del mismo Ministerio de Medio Ambiente), en una fase inicial de la tramitación administrativa del proyecto, instado por Schlumberger ante el Ministerio de Industria (aunque es Medio Ambiente quien da el visto bueno y la preceptiva declaración de impacto ambiental).
En común con Canarias sólo que el proyecto tenía «graves deficiencias» (así denunciaba el Gobierno de Canarias). Aparte de eso Repsol no recibió ningún varapalo: hizo sus prospecciones y se marchó cuando quiso. Y puede volver cuando quiera.