@B.R./El Consell d’Eivissa también se ha puesto manos a las obras para reclamar al Govern que se declaren de emergencia las obras de sustitución del emisario de Talamanca. Para ello ha elaborado varios informes, que próximamente se remitirán al ejecutivo autonómico, y en los que se apunta que la problemática del emisario es una «emergencia social, ambiental y sanitaria», apoyando así la tesis del informe elaborado por el Ayuntamiento de Vila.
Pero eso no es todo. Según el conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad, también se ha realizado, por parte del departamento de Turismo, un informe en el que «queda patente el impacto económico y el número de camas que se ven afectadas por el cierre de la playa así como una cuantificación económica por esos días».
Esta cuantificación supera, según Vericad, los 130.000 euros por cada día que se ha prohibido el baño en Talamanca. Según destaca, el cálculo se basa en «criterios objetivos» por lo que la cifra, probablemente, sea superior.
«Se ha realizado un listado de valoración de los daños en base a la media de ocupación y el gasto medio en restauración», ha explicado Vericad. Aún así hay otros elementos que no se cuantifican pero que se deben tener en cuenta como es que el turista que se encuentre con la prohibición del baño un día no repetirá destino, además de la mala publicidad que los problemas del emisario han generado.
Pérdidas millonarias
Si se tiene en cuenta que durante el mes de septiembre la playa de Talamanca se cerró, según los empresarios, once días, las pérdidas rondarían el 1,5 millones de euros.
Para Vericad, la justificación de la emergencia se basa, en primer lugar, en la seguridad de las personas «y luego en los bienes, que no dejan de ser menos importantes». «Lo fundamental es el riesgo sanitario pero también el gran impacto económico sobre la playa más grande de Vila y sobre una planta hotelera que, además, ha hecho enormes esfuerzos en la renovación de las infraestructuras», ha apostillado Vericad.