@Noudiari / El grupo del Partido Popular pedirá que se realice una evaluación económica final de la ‘estrategia para la consolidación de productos turísticos en el municipio’ presentado en 2011 por la empresa Cuenca Servicios Turísticos SLL (Cusetur) y que ha supuesto un desembolso total de 59.972 euros (IVA incluido) de dinero público, de los que 11.438,62 euros correspondían a la factura pendiente de pago que fue aprobada en el último pleno municipal con los votos del actual equipo de Gobierno.
Una vez revisado los expedientes, los populares consideran plenamente justificada esta solicitud para que se evalúe si lo pagado corresponde a los servicios prestados, ya que los 11.438,62 euros aprobados por la coalición PSOE-Guanyem son sólo una parte de los casi 60.000 euros que el Ayuntamiento ha pagado por el citado estudio.
Además, este contrato fue adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad en el que los populares consideran que no existió concurrencia y, por tanto, tampoco existió fase de negociación, dado que dos de las tres empresas invitadas a participar no asistieron a la convocatoria alegando motivos de «sobrecarga temporal de trabajo». Esto impidió baremar el 50 por ciento de los criterios de valoración que constituían el precio, lo que lleva a los concejales del Partido Popular a preguntarse «hasta qué punto se buscó la mejor oferta al mejor precio».
Por otra parte, el contrato, que se formalizó en marzo de 2009, establecía que el precio total era de 59.972 euros (IVA incluido) a pagar en bimensualidades y que el plazo de ejecución del mismo era de 32 meses. Sin embargo, el contrato se finalizó anticipadamente sin haber concluido el plazo de ejecución, por lo que la factura aprobada en el último pleno era el pago agrupado de los meses que restaban hasta la finalización del contrato. En opinión de los concejales del Partido Popular, esto supone un cambio en la forma de pago y en las condiciones contractuales.
Desde el grupo municipal Popular se ha querido insistir en que su concejal Alejandro Minchiotti únicamente defendía el interés general de los vecinos del municipio en su intervención en el pleno y aclarar el impacto económico de estos pagos sobre el Ayuntamiento, «como es nuestra obligación y sin generar dudas sobre la profesionalidad de nadie».