@Noudiari/ El grupo municipal Popular ha criticado la propuesta para modificar los futuros proyectos del Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat (CEPH), que ha sido aprobada hoy por el gobierno de PSOE y Guanyem y que incluye destinar 300.000 euros del futuro aparcamiento del parque Reina Sofía al pago del aval en el contencioso que el Ayuntamiento mantiene con las empresas que realizaron las obras de rehabilitación de Can Botino hace más de una década.
La UTE ‘Can Botino’, formada por la constructora Copisa Constructora Pirenaica SA y Estructuras Aragon SAU, interpuso un recurso contencioso administrativo contra el CEPH en 2011 en reclamación del pago de 258.740,91 euros correspondientes a la revisión de precios del contrato ‘Proyecto y Obra de rehabilitación de Can Botino’ y los intereses de demora devengados. Este contrato había sido adjudicado por el CEPH en enero de 2004, bajo el gobierno del Pacte Progressista.
Las obras de reforma de este inmueble acabaron suponiendo una inversión total de 3,6 millones de euros, financiados a través del Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat, según han recordado desde el PP en un comunicado.
En abril de este año, el juzgado contencioso-administrativo número 2 dictó la sentencia 87/17, favorable a la UTE ‘Can Botino’ y, hace solo un mes, el mismo juzgado dictó un auto disponiendo la ejecución provisional de la sentencia por importe de 289.691,62 euros. El Consorcio ha apelado la resolución judicial, pero tiene que hacer frente al pago de esta cantidad al haber presentado aval la parte demandante.
Para ello, el gobierno de Vila ha aprobado hoy destinar parte del crédito disponible del proyecto del aparcamiento del parque Reina Sofía para hacer frente a este pago judicial.
Los ‘populares’ han indicado que el pago debe efectuarse en cumplimiento de la resolución judicial, pero han criticado que este se realice con cargo a un proyecto que daría respuesta a uno de los problemas más graves que padece la ciudad, como es la falta de aparcamientos.
La construcción de un aparcamiento subterráneo bajo el parque Reina Sofía supondría la creación de 329 plazas para automóviles y 110 para motos en cuatro alturas, con una superficie soterrada total de 14.104 metros cuadrados y una zona verde de 12.481 metros cuadrados, según el proyecto encargado por el Partido Popular en el anterior mandato.
Este estudio se ajustaba tanto a las normas del Plan General como al Plan Director de Murallas -que contemplaba la construcción de un aparcamiento en esta ubicación-, ya que apostaba por la recuperación de las rasantes originales. Tras recibir el visto bueno de la ponencia técnica del PEPRI, esta propuesta fue aprobada con el voto en contra del entonces PSOE-Pacte.
Otras partidas y proyectos
La propuesta de modificación de los proyectos del Consorcio aprobada hoy por PSOE-Guanyem propone también destinar 35.000 euros a suplementar el proyecto de cubrimiento de restos arqueológicos y adecuación para uso público del solar de la calle Santa Faz, número 3; 59.100 euros a la compra de nuevos contenedores soterrados para sa Carrossa; 44.640 euros a la sustitución del pavimento de la acera también de la calle sa Carrossa, además de 300.000 euros para el pleito de Can Botino. Todas estas cantidades se detraerán del proyecto del aparcamiento del parque Reina Sofía.
Incremento del precio de Vara de Rey
Por otro lado, desde el PP también han apuntado que las obras de remodelación del Paseo de Vara de Rey y su entorno acometidas por el Consorcio tendrán un sobrecoste de 251.578,37 euros sobre el precio de 2.605.833,62 euros en que fue adjudicado el contrato por costes sobrevenidos durante la ejecución del mismo.
Los ‘populares’, que siempre se opusieron a que esta reforma fuera financiada con fondos del CEPH, coinciden con los servicios jurídicos del Consistorio en que este sobrecoste «debe ser abonado a las empresas constructoras, ya que, de no ser así, se produciría un enriquecimiento injusto del Consorcio».
Sin embargo, los concejales del Partido Popular han explicado que este pago se efectuará con el informe desfavorable de los servicios de Intervención, al tratarse de un sobrecoste del contrato firmado en su día, lo que pone de manifiesto “la falta de planificación, la precipitación y la improvisión con la que el actual equipo de Gobierno de Vila ha ejecutado esta obra”.
Inactividad absoluta del Consell Insular
Por otra parte y en relación con el Consorcio, el grupo municipal Popular ha denunciado que “la inactividad del Consell Insular d’Eivissa es ya absoluta, incluso a la hora de cumplir la ley”, ya que aún no ha aprobado la modificación de los estatutos del CEPH que el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa ratificó el 27 abril de este año y que también ha sido ya refrendada por el Govern balear.
«Esta modificación estatutaria, que aún continúa pendiente del visto bueno de la máxima institucional insular, era una exigencia legal, ya que la normativa actual obliga a que los consorcios queden adscritos a una única administración», han recordado.
Los servicios jurídicos de las tres administraciones que integran el CEPH -Ayuntamiento, Consell y Govern- coincidían en que este organismo debe quedar adscrito al Consistorio ibicenco. Además, se introducían otras modificaciones de menor calado, como corregir la denominación del propio Consell o que se pudiera nombrar suplentes para los miembros de la Junta. «Ocho meses después, todos estos cambios siguen pendientes del Consell Insular», han finalizado.
