EFE / La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha informado a la empresa Solvalgaray Marítima S.L. del inicio del expediente de caducidad de la concesión del edificio de aparcamientos del puerto de la Savina de Formentera.
A partir de esta notificación, se le conceden quince días a la empresa para que presente las alegaciones que considere oportunas.
Desde la APB consideran fundamentada esta decisión «por la necesidad de proteger la satisfacción del interés público frente al incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del concesionario, que está impidiendo la consecución de la finalidad pública», explican.
El edificio de aparcamientos de la Savina permanece cerrado desde el final de las obras debido a que APB no ha aprobado el reglamento de explotación al considerar que Solvalgaray Marítima «incumple el contrato de explotación«.
Así, según detallan desde el ente portuario, el pasado mes de junio, «ante el continuo incumplimiento de las obligaciones derivadas por parte de la concesionaria», la Autoridad Portuaria comunicó a la empresa la apertura de un periodo de información previa por un posible incumplimiento de los términos de la concesión.
Tras recibir las alegaciones de la concesionaria, APB emitió un informe que pone de manifiesto la negativa del concesionario a cumplir y proporcionar una solución a las empresas de alquiler de coches ubicadas en el puerto de la Savina para que puedan seguir desarrollando su actividad dentro del edificio de aparcamientos.
Nuevos locales para los rent a car
Según la APB, el concesionario debe asignar a las empresas de alquiler de coches que ya estaban operando en el puerto de la Savina los nuevos locales en preferencia respecto a nuevas peticiones.
Además, señala que Solvalgaray Marítima debe respetar, como cuantías máximas de las tarifas, las cuantías máximas que ofertó y por las cuales se le otorgó la concesión.
La APB insiste en que ha comunicado en reiteradas ocasiones al concesionario la obligatoriedad de cumplir los pliegos de cláusulas que rigen el contrato.
Asimismo, ha informado a las empresas de alquiler de coches afectadas que el concesionario debe respetar las condiciones económicas establecidas en el concurso por el que le fue adjudicada la concesión.
Bueno, parece que tiene interés en hacerlo bien. Pero a mí APB, me parece un «cuarto poder», que no hemos votado nadie, y que está «muy subidito». Esto de la autoridad portuaria, como ente independiente, no me parece la mejor de las soluciones. El litoral debería de ser administrado por los municipios por los cuales discurre. Con unos protocolos y normas fijas para todos para una situación dada, pero que dependiera de los ayuntamientos.
Naturalmente, para llevar a cabo una reivindicación así, deberían de ponerse de acuerdo, todos los ayuntamientos de España, que disponen de costa. A fin de hacer una reclamación de la modificación de la ley.
AP, son noticia casi cada semana, y lo más habitual, es que entre en conflicto con el ayuntamiento de turno.
Pues… «a grandes males, grandes remedios». «Torres más altas han caído».
Las autoridades portuarias gestionan puertos de interés general, no el litoral. Y que sean ayuntamientos o CCAA laos que gestionen puertos significa intentar privatizarlos a las primeras de cambio en cuanto esté en el poder un partido afín a desmantelar lo público.y si no, hemeroteca.
El modelo de reordenación que se está consolidando en el puerto histórico de Ibiza es la privatización! La concesión de grandes esloras para ocho años se ha otorgado en un espacio que ahora mismo tiene uso comercial aprobado, pero no deportivo, que es el que tocaría. Y pretenden desplazar las barcas de Formentera para otorgar otra concesión deportiva. Los planos que se aprobaron en 2014 son para esloras de 15 a 40 metros. Poco les quedará a los ayuntamientos para privatizar…