EFE / La Audiencia de Palma ha condenado hoy a dos años de prisión, sustituibles por una sanción de 4.320 euros y una multa adicional de otros 1.080 euros, por un delito de cohecho a un ingeniero municipal del Ayuntamiento de Alcúdia que ha admitido que reclamó comisiones en la rehabilitación del edificio Ca ses Monges.
Ante el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, el presidente del tribunal del jurado, el magistrado Jaime Tártalo, ha dictado la condena firme in voce en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma y no ha llegado ni a constituirse el tribunal popular.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2012 cuando, «con interés económico propio», en una reunión de trabajo, el ingeniero pidió el pago ilícito de una comisión de 2.000 euros al electricista que había sido subcontratado para una parte de los trabajos, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
La parte de electricidad de la obra solo contaba con un proyecto inicial sin partida presupuestaria definida, ya que el coste se debía ajustar a los trabajos realizados. El ingeniero advirtió al adjudicatario de que si percibía el dinero no modificaría a la baja y de forma unilateral y arbitraria las partidas económicas de esa parte de la rehabilitación, a las que tenía que dar el visto bueno.
El ahora condenado manifestó que la comisión iría a una supuesta colaboración con el club de tenis de mesa de Alcúdia, lo mismo que alegó al reclamar el pago ilícito de otra cantidad de dinero en metálico al constructor, tras una visita de obra.
La Fiscalía ha tenido en cuenta la admisión de los hechos para rebajar la petición de condena inicial de 5 a 2 años de prisión, por un presunto delito de cohecho, y ha solicitado que se sustituyera la pena privativa de libertad por una sanción económica de 4 años a 3 euros diarios, además de otra multa de 12 meses con la misma cuota.
Según ha declarado la defensa, el ingeniero pagará en un plazo de diez días la multa que asciende en total a 5.400 euros.
Además de la multa, el ingeniero ha sido condenado a una inhabilitación especial para desempeñar empleo público en la administración local durante 3 años.
