El PP asegura que el equipo de Rafa Ruiz «hace aguas» en políticas de abastecimiento y alcantarillado

 

@Noudiari / El grupo Popular en el Ayuntamiento de Eivissa exige conocer qué intenciones tiene el equipo de Gobierno para solucionar la actual situación en la que se encuentra el contrato de gestión de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado del municipio en el mismo mes en el que se cumplirán tres años de prórroga ilegal de la actual concesionaria. Los ‘populares’ han asegurado que lo único que ha hecho el alcalde Rafael Ruiz y su gobierno en esta materia ha sido “despilfarrar y dilapidar casi 65.000 euros en contratos de asesoramiento en el fallido proyecto de mancomunar este servicio público con el Ayuntamiento de Sant Antoni».

Los concejales del Partido Popular han explicado que, en septiembre de 2017, el ayuntamiento de Sant Antoni puso fin a la fallida operación de crear una mancomunidad entre su municipio y el de Eivissa para la gestión del servicio municipal de suministro de agua potable y alcantarillado al comunicar que, “por motivos de plazos”, había empezado los trámites para poder licitar de manera individual este servicio público.

“Hasta ese momento, el fallido proyecto de la mancomunidad del agua había costado a los vecinos de Eivissa un total de 64.545,94 euros, distribuidos en cuatro contratos de asesoramiento adjudicados siempre a la misma empresa de Madrid”, han indicado desde el Partido Popular.

Tras fracasar el proyecto de la mancomunidad, el equipo de Gobierno licitó un quinto contrato para la asistencia técnica, económica y jurídica para la elaboración de un “estudio de alternativas de modalidad de gestión” del servicio público de suministro de agua potable y alcantarillado del municipio de Eivissa por un importe de 16.940 euros.

Este último informe tenía que incluir un estudio de las alternativas de modalidad: indirecta o directa; analizar los aspectos jurídicos, económico-financieros, técnicos y sociales, detallar una comparativa entre las diferentes modalidades de gestión del servicio público y proponer la modalidad de gestión concreta junto con la memoria justificativa teniendo en cuenta los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, eficacia y eficiencia del modelo elegido.

“¿Error o saltarse la Ley?”

El encargo recayó en Jengo Inversiones SL, por la vía del contrato menor, resolución que se le comunicó a la empresa a principios del mes de junio de este año, sin que hasta la fecha se tenga constancia de que haya entregado el informe.

Además de aclarar este punto, los ‘populares’ piden explicaciones al haber encontrado dos decretos de adjudicación de este contrato menor, en los cuales figura el mismo objeto contractual con dos importes diferentes: uno por valor de 6.950 euros (sin IVA) y otro por 14.000 euros (sin IVA). Estos dos encargos sumados -de tratarse de dos contratos por el mismo objeto contractual- superarían el límite de los 15.000 euros (sin IVA) fijado por la Ley para los contratos menores de servicios.

Tres años de «prórroga ilegal»

La gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de agua potable y Saneamiento de Eivissa fue adjudicada a la Sociedad de Gestión de Servicios Urbanos, S.A. (actualmente, FCC Aqualia, S.A.) el 17 de octubre de 1990 por un plazo de 20 años.

Desde el 1 de noviembre de 2010, FCC Aqualia ha desarrollado su actividad en el marco de una prórroga que finalizó en noviembre de 2015, «lo que significa que este mismo mes se cumplen tres años desde la finalización de la mencionada prórroga».

Los ‘populares’ han resaltado que una nueva adjudicación de este servicio supondría inversiones millonarias en el municipio de Eivissa y que el alcalde Rafael Ruiz se ha pasado “un mandato entero ‘en blanco’ en un asunto tan importante como suministrar agua de calidad a los vecinos de la ciudad y dotar a la ciudad de un saneamiento que no inunde las calles de desechos cada vez que llueve”.