EFE / Agrupaciones empresariales de los diferentes subsectores ligados a la construcción han reclamado a los responsables políticos cambios normativos y planes de inversión para evitar que las dificultades de acceso a la vivienda y la degradación de las infraestructuras provoquen «un conflicto social». Destacan que son especialmente críticas la infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y abastecimiento hídrico y las carreteras de acceso a Ibiza y Palma «han entrado en fase crítica».
La «Nueva propuesta para el desarrollo de una política integrada de urbanismo, vivienda e infraestructura para Balares», dada a conocer este miércoles, recoge el planteamiento de futuro de asociaciones que agrupan a 16.500 empresas y dan empleo al 10 % de los trabajadores de las islas, según indica en una nota de prensa la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).
Los especialistas que han elaborado este «libro blanco» señalan que la construcción se desenvuelve en las islas en «un entorno legislativo de gran inseguridad jurídica, cambiante con cada gobierno o administración local, con una normativa urbanística obsoleta, en permanente revisión y poco o nada adaptada a la realidad demográfica y social».
Asimismo, el suelo disponible es escaso y caro, factor que se suma a un incremento de población para contribuir a un déficit de viviendas que las empresas del sector sitúan en 16.000, exponen.
Consideran que el «mínimo parque de vivienda pública» existente se gestiona de forma ineficiente y sostienen que la solución no puede pasar por urbanizar más suelo rústico.
En cuanto a las infraestructuras, las empresas del sector constructor entienden que las de tratamiento de aguas residuales y abastecimiento hídrico y las carreteras de acceso a Palma e Ibiza «han entrado en fase crítica».
Para afrontar estos problemas sugieren a los responsables políticos que, por la vía del consenso, adapten la legislación urbanística a la realidad, revisando conceptos «desfasados» como el índice de intensidad de uso, las alturas permitidas en centros urbanos consolidados y la rigidez en los cambios de usos.
Reclaman la «puesta a disposición de la sociedad» de suelos urbanos reservados para equipamientos, la reducción de la burocracia, la implantación del silencio positivo, con la prevención de la declaración responsables, «en aquellos casos en que se manifiesta mayor ineficiencia».
El documento recoge otras muchas propuestas como implantar mancomunidades de servicios municipales en materia de urbanismo, extender y dotar de más presupuestos los planes de vivienda para aumentar el parque público, mejorar la gestión de la vivienda social y «moderar la fiscalidad».
En cuanto a las infrastructuras, piden mas inversión en depuración de aguas y en la ampliación de las carreteras de acceso a la ciudad, aunque abogan por primar la movilidad a pie y en bicicleta en los mayores núcleos urbanos».
Ni se os ocurra hacer nada de eso, que es crecimiento según los progres…