@Noudiari / El Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de Baleares y la Asociación API Baleares denuncian que durante estos días de estado de alarma hay inmobiliarias que se están saltando la normativa del estado de alarma y siguen realizando visitas a pisos, en lo que supone un claro ejemplo de competencia desleal, que además conlleva un claro riesgo sanitario.
La presidenta de ambas entidades, Natalia Bueno, señala que “nos consta que mientras la mayoría estamos cumpliendo la normativa, con el parón en la actividad y por supuesto también en los ingresos, hay quien está aprovechando esta circunstancia para seguir como si nada sucediera, programando visitas y llevándolas a cabo, en lo que además de competencia desleal supone un riesgo para la salud pública”. Por ello, concreta, “pedimos al Govern que ejerza un control proactivo para evitar que esto siga sucediendo”.
Hay que recordar que el sector inmobiliario no ha sido considerado esencial por el Gobierno, por lo que se ha visto obligado al cierre de sus oficinas, despachos, locales y/o establecimientos por la inviabilidad de mantener su actividad mediante el sistema del teletrabajo. Natalia Bueno detalla que “la naturaleza de nuestra actividad requiere la libre circulación por la vía pública para gestionar visitas concertadas a los inmuebles respecto de los cuales tienen encargo de venta o alquiler, captación de nuevas operaciones, o gestiones en oficinas públicas, tales como registros de la propiedad, ayuntamientos etc. que desde el pasado día 14 no es posible realizar. No podemos concretar todo este proceso de forma telemática”.
Ante esto, el Consejo General de Colegios API de España ha solicitado al Gobierno de España una respuesta urgente y la adopción de medidas pertinentes para paliar las consecuencias que está produciendo esta pandemia en el sector inmobiliario al completo. El principal reclamo consiste en que la actividad inmobiliaria sea considerada “esencial”, de modo tal que el sector pueda acogerse a las medidas extraordinarias que para estas actividades se han decretado desde La Moncloa. Natalia Bueno explica que “al no considerarse una actividad esencial, el sector se ve impedido de acogerse por causa de fuerza mayor a los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), así como a la medida que regula el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, entre otros”.
