La labor de la Guardia Civil, por Pablo Valdés Cardona

@Noudiari/ Hemos sabido estos días a través de diversos medios de comunicación del altercado entre una vecina de Sant Antoni y varios agentes de la guardia civil.

Vaya de antemano el reconocimiento al cuerpo de agentes de la guardia civil como institución merecedora de todos mis respetos. No en tanto así algunos de sus miembros. Así que si bien nos parece injusto generalizar y no es intención de este escrito hacerlo, tampoco me lo parece obviar que dentro del cuerpo existen comportamientos e individuos cuya labor es cuanto menos reprobable.

En relación al tema que me atañe, por lo que parece, éstos últimos circulaban sin respetar la distancia lateral mínima, y lo que tenía que ser simplemente un toque de atención por parte de la primera, haciéndoles notar que este tipo de prácticas irregulares pueden desembocar en un accidente, vistas el uniforme o no, acabó en detención, cruce de acusaciones, presuntas agresiones y un largo etcétera de despropósitos que finalmente y a tenor de la sentencia dictada, se han demostrado falsas.

Dicho esto, en primer lugar cabe preguntarse cómo una situación de este tipo, a priori bastante cotidiana y sin visos de mayor conflictividad más allá de unas disculpas, ha podido desembocar en lo que finalmente lo ha hecho. Es decir, ¿en manos de quién estamos que, para solventar un problema menor sin trascendencia alguna, acaban transformándolo en todo este paripé? ¿No les enseñan en la academia técnicas de mediación de conflictos? ¿Psicología? No, parece que no, y ante una persona que sólo pretende hacerles notar su comportamiento irregular, acabamos en denuncias de agresión, detención, presuntos moratones, presuntos mordiscos… Alguien debería hacer notar que hay un modo de resolver conflictos mucho más eficaz que la fuerza, y es la palabra. Alguien que no domina ésta última y se escuda en la primera no debería ser guardia civil. Los ciudadanos no estamos para pagarle el sueldo a quien es incapaz de ejercer su labor, que no es otra que la de resolver conflictos, no generarlos.

En segundo lugar, hablábamos antes de presuntas agresiones. Y repetimos, presuntas porque a tenor de la sentencia dictada, éstas son falsas o al menos no se han podido probar. Hombre, el sentido común ya hacía preveer que una ciudadana de la complexión de la acusada, difícilmente puede malherir del modo en que se ha afirmado a cuatro miembros de la guardia civil. Fuese esto cierto, más de uno debería estar sonrojándose de vergüenza. Aún y así, dejando a un lado el sentido común, la sentencia es absolutoria en esta línea de modo que debemos concluir que si una agresión no puede probarse, es porque es falsa. Dicho de otro modo, quien esgrimía dicho argumento, miente. Y esto es particularmente grave, porque si la falta de verdad lo es en cualquier ciudadano de a pie, en alguien  a quien se presupone veracidad es simplemente intolerable. Al tiempo que escribo estas líneas ya debería haberse abierto expediente a estos cuatro guardias civiles que han mentido y sin embargo no es así. No lo es porque recurrir la sentencia cuesta alrededor de 500 euros y demandar por falso testimonio (algo, por otro lado, ya probado en esta primera sentencia), 1800. Una justicia en función de tus recursos económicos no puede ser llamada justicia. Y quien se ampara en la falta de medios económicos de la víctima para no ser condenado, sigue siendo un delincuente, vista o no el verde.

Concluyendo, éste es uno más de los muchos despropósitos en que continuamente se ven envueltos los cuerpos de seguridad del estado, particularmente los que operan en la isla, salgan éstos a la luz o no. Uno más que, sin tener especial relevancia, sí pone de manifiesto las carencias de un sistema que necesita urgentemente de mejoras. Mejoras que pasan indiscutiblemente por una mayor formación y una mayor exigencia. El actual sistema de acceso a las fuerzas de seguridad del estado se demuestra día tras día insuficiente. Guardias civiles demasiado jóvenes, sin capacidad de empatizar con el ciudadano y carentes de la más mínima formación en resolución de conflictos. Policías trabajando en núcleos turísticos que son incapaces de articular dos frases en inglés. Agentes cuyo comportamiento roza (y en muchas ocasiones sobrepasa) la prepotencia y la chulería. Y un largo etcétera que al final se resume en que los ciudadanos pagamos de nuestros impuestos para disponer de personas que velen por nuestra seguridad y bienestar. Cuando se da el caso en que estas personas actúan como matones amparados bajo la ley es que el sistema falla. Y si el sistema falla, alguien debería plantearse un análisis del por qué así como un conjunto de medidas para atajarlo.