EFE / El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la ampliación en tres meses de las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Sánchez ha anunciado que estas medidas excepcionales, que vencían el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, se prorrogarán tres meses adicionales.
En concreto, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo.
También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.
A estas medidas urgentes para garantizar «una vivienda digna y adecuada» se sumará «dentro de poco» la primera ley estatal de vivienda, ha añadido Sánchez.
Sánchez ha detallado que hasta finales de marzo se habían concedido 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.
También ha señalado que hasta el mes de marzo se había concedido el ingreso mínimo vital a 203.000 hogares en los que viven más de 565.000 personas.
Otras medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -que terminan el 31 de mayo y se está «trabajando en una nueva prórroga»-, cuyo coste ha sido de «casi 30.000 millones de euros».
Además, más de 608.000 empresas se han acogido a las líneas de avales de liquidez del ICO, lo que ha permitido movilizar más de 118.600 millones de euros, y otras 44.600 han accedido a los avales del ICO para inversión, con la movilización de unos 5.000 millones de euros.
