EFE / Los pacientes que se acojan al derecho a la eutanasia en Baleares a partir del próximo 25 de junio podrán decidir si mueren en un hospital o en casa, con ayuda de asistencia sanitaria o tomándose el mismo enfermo de manera privada los fármacos que pondrán fin a su vida.

En total, la Conselleria de Salud ha previsto un tiempo máximo de dos meses desde que el enfermo solicite la eutanasia hasta que se aplique, una vez que una comisión decida si se puede acoger a este derecho o no, que en ningún caso está previsto para los menores de edad.

Los pacientes podrán solicitar la eutanasia tanto en hospitales públicos y privados como en los centros de salud.

La petición se formulará al «médico responsable» que conoce al paciente, la revisará un «médico consultor» y, finalmente, una comisión de garantías y evaluación tomará una decisión final sobre el caso concreto.

La consellera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, ha confirmado este martes que «a partir del 25 de junio se garantiza en Baleares el derecho a la eutanasia», que «responde a una demanda social» tras «muchos años de reivindicación» y que «no obliga» a ningún paciente.

Baleares, ha reseñado, es una las comunidades autónomas «más adelantadas» en la aplicación de la eutanasia en España porque «creemos en este derecho con todas las garantías» para ayudar a morir a los pacientes que sufran un «dolor intolerable».

Este derecho se podrá ejercer desde finales de junio, tal y como establece la ley nacional aprobada en el Congreso en marzo pasado y la comunidad balear estará preparada para aplicar la eutanasia desde esa fecha.

Se ejercerá con «autonomía, libertad, equidad accesibilidad, seguridad y calidad», ha manifestado la consellera, que ha subrayado que, con esta nueva prestación, se trata de «evitar el padecimiento» de los enfermos.

La consellera y el coordinador de Salud Mental de Baleares, Oriol Lafau, han informado en rueda de prensa sobre la puesta en marcha del proceso para ayudar a morir en la comunidad balear.

La ley de la eutanasia incluye la ayuda médica para morir como una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud, con claras reglas sobre quién puede pedirla, cómo y con qué controles.

El ministerio y las comunidades han establecido un protocolo que concreta los fármacos que se suministrarán a los enfermos.

Si el paciente cumple los requisitos fijados en la ley y no hay incidentes podrá recibir la eutanasia tras un proceso en el que será informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles.

El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

Hay que tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses.

En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.

Lafau ha manifestado que la ley es «muy garantista» y reconoce el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales que participan en este proceso.

En el caso de Cataluña -donde hay datos-, un 40 % de los profesionales prevé acogerse a la objeción, si bien en el caso de Baleares habrá que esperar a la aplicación de la ley. Los sanitarios deberán informar de su decisión de objetar al jefe de servicio correspondiente. Por el momento, hasta que no se apruebe una norma, no habrá un registro de objetores.

Lafau, ha continuado, no cree que se produzca en ningún caso una avalancha de peticiones para recibir la eutanasia en Baleares y que, en países donde existe este derecho, ha sido solicitada por el 0,006 de la población.

Lafau ha comentado que los casos más complejos de decisión serán los psiquiátricos, que también contempla esta ley. En este contexto ha recordado la aplicación de la eutanasia hace unos años a una joven de 17 años en Holanda con un cuadro clínico de trastorno límite de la personalidad y abusos sexuales en la financia.

La referida comisión de garantías y evolución tendrá la última palabra sobre los casos que se presenten