El principal foco de contagio masivo entre los estudiantes que visitaron Mallorca en su viaje de fin de curso, fue una fiesta en la plaza de toros de Palma que se celebró el día 15 de junio. Aquel evento, pese a contar con informes desfavorables de la Policía Local de Palma, fue autorizado con ciertas condiciones de seguridad sanitaria que no se cumplieron, como que los participantes debían permanecer sentados en la grada y sobre el coso, lo que obligó a la fuerza pública a intervenir y ordenar su suspensión a las diez de la noche.
Más de mil jóvenes estaban en el interior del recinto y cientos de ellos bailaban sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad en el albero. Abundan las imágenes del sarao en las redes sociales y muchos de los asistentes han reconocido que “se les fue la olla” y que se comportaron como si la pandemia nunca hubiese sucedido. Nada que no fuera posible prever y de lo que no hubiesen sido alertadas las autoridades que autorizaron aquel despropósito, pese al riesgo sanitario que presentaba.
Diez días después de aquello, se celebró en el Hard Rock Hotel Ibiza la prueba piloto del ocio nocturno, impulsada por la Asociación Ocio de Ibiza y bajo la autorización y supervisión del Govern balear. Ese mismo día 25 de junio se celebró otra prueba piloto de apertura del ocio nocturno en Calvià, en el Mallorca Live Festival. Ambas, según informó el ejecutivo autonómico, fueron exitosas y se cumplieron escrupulosamente las medidas sanitarias establecidas por las autoridades.
¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo sucedido con respecto a los eventos musicales y de ocio con un elevado número de asistentes? La primera y más evidente es que resulta de todo punto inexplicable que diez días antes de celebrar las dos pruebas piloto supervisadas por el Govern, se autorizase un evento con actuaciones musicales aunque un informe elaborado por la Patrulla Verde la la Policía Local de Palma y técnicos de Emergencias del Govern alertasen del peligro epidemiológico. Y peor aún, que cinco días después hubiese un segundo concierto, aunque en esa ocasión no hubo incidentes.
Las consecuencias de aquel descontrol autorizado por el Govern y el Ajuntament de Palma son de ver: más de 2.000 infectados desperdigados por todo el país y un daño para la imagen sanitaria y turística de Balears de imposible cuantificación. Y a pesar de ello nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo ocurrido ni nadie parece tener la intención de hacerlo.
¿Puede alguien explicar por qué razón lleva el ocio nocturno cerrado desde hace más de un año y se permitió que mil estudiantes sin vacunar se juntasen para ver un concierto de reguetón en Palma? Nadie puede y por ello la presidenta del Govern, Francina Armengol, además de anunciar la imposición de una multa de 200.000 euros a los promotores de la fiesta —que ya pronostico que no pagarán—, debe cesar a los responsables de haber autorizado este ‘megabrote’ que supone una amenaza muy seria en lo sanitario y en lo económico, además de una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía de Balears.
Todo el esperpento posterior que ha tenido lugar en el Hotel Bellver de Palma con los estudiantes confinados a los que la Justicia ha ordenado poner en libertad, debe ser analizado separadamente, porque es otra prueba más del desastre en la gestión de un Govern desbordado y que ha optado por violentar los derechos fundamentales para poder presumir ante la ciudadanía de mano dura. La mano dura que le faltó para prohibir el sarao de la plaza de toros de Palma.
decesos?