La patronal de Formentera no ve con buenos ojos las medidas del Govern que han entrado en vigor este lunes en la menor de las pitiusas, tras la publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) del paso al nivel tres de alerta sanitaria. Este cambio, que iguala a Formentera con el resto de las islas, implica que se amplía la obligatoriedad del certificado covid. De todos modos, tanto desde CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) como desde Pimef (Pequeña y Mediana Empresa de Formentera), matizan que prefieren estas restricciones a otras «más duras» como las limitaciones de aforo o los cierres, medidas que empresarios y trabajadores han sufrido en anteriores olas de covid-19.
Una de las consecuencias de la medida es que todos los locales de hostelería deberán pedir el pasaporte, independientemente de su aforo, para poder acceder a sus interiores (además de para entrar en cantidad de eventos culturales o instalaciones deportivas y de ocio, entre otros casos detallados este lunes por Noudiari). De hecho, las terrazas cubiertas por más de dos lados también se consideran interiores y por lo tanto también pasan a estar afectadas por esta norma. Pep Mayans, presidente de Pimef, explica a Noudiari que desde las empresas ya llevan dos años asumiendo nuevas e improvisadas medidas: «De hecho, lo de ahora lo aceptamos como un mal menor, mejor esto que cerrar, reducir horarios y que la situación sanitaria siga empeorando». Del mismo modo se posicionó la patronal de Ibiza a finales de noviembre en Noudiari, cuando comenzó a introducirse la obligatoriedad de este documento sanitario en las Islas Baleares.
«Lo que nos sabe mal es lo que llevamos diciendo dos años, que siempre pagamos los mismos», añade Mayans. En cuanto a la obligación de mostrar el certificado covid en los establecimientos de restauración, explica que es algo que los clientes ya han asumido y que no está causando conflictos con ellos: «Estos dos primeros días no ha habido ningún problema, quien no está vacunado ya sabe perfectamente que no puede entrar y que, en todo caso, se tiene que quedar en la terraza». «Pero los negocios con poco personal se tendrán que organizar, pidiendo el pasaporte en la mesa a la vez que se toma nota de las comandas, o indicando con un cartel en la entrada que no se puede pasar hasta que te hayan verificado el pasaporte, como ya se hizo en verano de 2021», matiza Mayans, que señala que cada local lo tendrá que afrontar como pueda, en función de su volumen de personal.
Bajas laborales por covid
Además de esta continua improvisación en las empresas, típica de la pandemia, Mayans también destaca el problema que están causando las bajas laborales por covid, algo que, asegura, también ha generado cierres de empresas en Formentera: «Uno siempre tiene pequeños imprevistos derivados de trabajadores que son positivos o contacto estrecho de algún positivo, no puedes relajarte ni un día». De hecho, las cuarentenas, aunque se hayan acortado a los siete días, siguen suponiendo un gran revés para las empresas de la isla.
Por su parte, José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB por Ibiza y Formentera, coincide con Mayans en que la ampliación de la obligatoriedad del pasaporte covid («es una medida que ya se veía venir») es «un mal menor, porque peor sería que se hubiesen aplicado cierres o reducciones de aforo o cosas similares».
De hecho, Roselló relata que «a nivel balear, en la última Mesa de Diálogo Social ya se discutió sobre posibles restricciones» de este estilo: «Pero los compañeros de restauración consiguieron que no se fuese más lejos y que se esperase a pasar este invierno con las medidas actuales, para ver los efectos y la evolución de la situación». Y es que al parecer había una parte del Govern balear partidaria de aplicar reducciones de aforos. No se hizo, y por eso a cambio la patronal aceptó que [a partir del nivel tres] en Ibiza, Mallorca y Menorca [ahora también en Formentera] se pudiese pedir el certificado también en los establecimientos de menos de 50 personas, según Roselló.
Así, el portavoz de CAEB se muestra preocupado por las próximas medidas que pueda tomar el Ejecutivo autonómico «si la curva sigue subiendo».
Sin un criterio común
Además, denuncia la falta de una norma general que sirva para fijar un criterio común frente a la pandemia entre todas las comunidades autónomas: «Hay una cierta sensación de improvisación que viene de arriba, del Estado, porque no hay una Ley de pandemias ni otra norma general del estilo, lo que ha generado una mezcla de desconfianza y desconcierto en la gente; y para solucionar esto hace falta liderazgo político». De lo contrario, Roselló lamenta que el Estado seguirá «complicando la vida al Govern, a los ayuntamientos y a los consells para afrontar la situación». «Pero la administración más poderosa hace dejación de funciones y aplica la política del avestruz, así que menos hablar y más hacer», concluye.
En cuanto a los efectos que puede tener para Formentera el paso al nivel tres de alerta sanitaria, Roselló trata de ser positivo: «Menos mal que se produce en un momento de temporada baja desde el punto de vista turístico, tenemos tiempo para reaccionar». «En Ibiza ha supuesto un gran esfuerzo y ocurrirá lo mismo en Formentera, pero es el mal menor, no hay vuelta de oja y era algo inevitable dada la alta incidencia de casos», agrega el portavoz pitiuso de la patronal balear.
Cree que será algo más complicado de sobrellevar en los locales pequeños con mucho ajetreo de gente, pero matiza que «aunque se pueda pensar que en Formentera los bares y restaurantes son mucho más pequeños que en Ibiza, hay de todo un poco». «E insisto en que las nuevas medidas son el mal menor», insiste Roselló a lo largo de su conversación con Noudiari.
Falta de liderazgo político
Por otro lado, Roselló subraya que «de manera colateral» a las nuevas medidas, se debe procurar que verdaderamente baje la incidencia de covid-19, para lo que insiste en la necesidad de un liderazgo político del Estado, para contar con unas normas claras para todo el país y que generen confianza: «Hace falta un mayor liderazgo de las autoridades públicas, especialmente del Gobierno del Estado, porque están pagando justos por pecadores, ya que los contagios no se están produciendo principalmente en hostelería, sino en botellones y en el ámbito familiar».
«Las instituciones deberían ser más creíbles e insistentes, que no haya tantas contradicciones ni idas y venidas con las medidas; el Estado ha dejado a su suerte a las comunidades, y de ahí la disparidad de criterios entre tribunales de diferentes territorios de España», recuerda el vicepresidente pitiuso de CAEB, que concluye que la pandemia, «que es un tema serio», debería ser algo lo suficientemente grave «como para que el Gobierno del Estado no recurra al ‘sálvese quien pueda'».
