Una nueva ley turística decepcionante, por Xescu Prats

¿Se imaginan que el Gobierno de España anunciase el desarrollo de una nueva ley para regular el sector del automóvil y lo único que acabase determinando fuera el color que deben lucir los distintos tipos de vehículos? Las ambulancias, blancas; los camiones de bomberos, rojos; los coches de la policía, azules; los taxis, negros; los autobuses, amarillos, y los tractores, verdes. Más o menos como ahora, pero por imperativo legal. Los ciudadanos, obviamente, se tomarían la ley a pitorreo. En esencia, exagerando un poco, eso es lo que hasta el momento ha hecho el Govern balear con su nuevo proyecto de ley turística, presentado por todo lo alto en Madrid por la presidenta Francina Armengol, a dos días de FITUR, y con la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es el rostro que cotiza más al alza en el depreciado mercadillo político de nuestro país. 

El conato de reforma irrumpe cuando están a punto de cumplirse diez años de la terrible Ley Turística de 2012, aquel desastre perpetrado por dos personajes de infausto recuerdo: José Ramón Bauzá, entonces presidente del Govern balear con el PP y ahora eurodiputado de Ciudadanos, y Carlos Delgado, conseller de Turismo tras ejercer como alcalde de Calvià y célebre por posar en una cacería con los testículos sanguinolentos de un ciervo en la cabeza. Lo mínimo que cabría esperar de la coalición que ahora nos gobierna es que tratara de remediar aquel monumental desaguisado, que, por otro lado, se han pasado años criticando. Sin embargo, al menos que hasta el momento haya trascendido, nada de nada; tan solo colorines.

Reconozco que algunos aspectos puntuales del proyecto de ley son positivos, necesarios y hasta de perogrullo, como la instalación de camas elevables en los hoteles para que las camareras de pisos no se deslomen cambiando las sábanas, impulsar las energías limpias, ahorrar agua, descartar el consumo de papel y plásticos e impulsar los productos de kilómetro cero. Claro que, en una primera fase, todos estos cambios se aplicarán en los alojamientos de cuatro y cinco estrellas, donde a menudo ya son una realidad. 

Algunos colectivos hoteleros y los partidos de la oposición han criticado el hecho de que el Govern no haya consensuado con nadie este proyecto de ley y que se focalice excesivamente en el sector hotelero. Sin embargo, la realidad, más allá del teatrillo habitual, es que las quejas han sido moderadas y algún empresario, como el ibicenco Abel Matutes Prats, al que de momento le permiten mantener sus enormes privilegios, incluso ha proclamado alabanzas al Govern, pese a ser de ideología opuesta. Estas declaraciones y otras que también se han producido en Mallorca nos proporcionan una idea del nulo calado que dicha reforma tendrá a la hora de ajustar los desequilibrios actuales.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado que la ley que prepara constituye “una apuesta real por la sostenibilidad”, cuando tendrá justamente el efecto contrario: permitirá la continuidad de los graves desajustes instaurados por la ley Bauzá/Delgado. En Ibiza todos los hemos sufrido. Las reglas del juego que ambos implantaron hicieron posible uno de los mayores abusos perpetrados en la isla en los últimos años: la creación de los hoteles discoteca y los beach club, que han desnaturalizado la costa al saturarla de discotecas encubiertas. Todo bañista, quiera o no quiera, está obligado a soportar con estoicismo su estruendo o marcharse a otro lugar, cuando las playas, un bien público, deberían ser naturales y no permitirse su explotación con tal impunidad y descaro.

La trampa que introdujo el dúo mallorquín en la ley fue la posibilidad de que establecimientos turísticos como hoteles y restaurantes puedan llevar a cabo actividades complementarias. A esta argucia, que el texto no desarrolla más, se han aferrado múltiples establecimientos, hasta el extremo de que el complemento ha acabado convirtiéndose en actividad principal. Hay hoteles y beach club, de hecho, que, sin la programación musical exterior, a veces incluso cobrando una entrada a precios desorbitados, no tendrían razón de ser ni existir. 

Es importante subrayar que unos años antes de que se aprobara la Ley Turística de 2012, las discotecas fueron obligadas a aislarse acústicamente, lo que eliminó por completo la posibilidad de realizar espectáculos al aire libre con gran cantidad de decibelios. Algunos incluso se arruinaron en el proceso. Sin embargo, poco tiempo después, la nueva legislación abrió de nuevo el abanico para que el ruido volviera a imperar, recuperando un ocio diurno que había dejado de existir con el cierre de los after hours. En estos diez años, el fenómeno se ha multiplicado. Lógico. ¿Por qué regentar un mero hotel cuando puedes llenar la terraza de la piscina con miles de personas cada noche, obteniendo un beneficio brutal? ¿Para qué tener un chiringuito de playa cuando puedes montar una discoteca en toda regla, aunque carezcas de licencia?

Si en Ibiza hay algo que precisamente atente contra la sostenibilidad es la fiesta en las playas. Eso es lo primero que debería arreglar la nueva ley turística, ya que es la cuestión más grave y espinosa, y además genera un lastre insoportable para muchos actores de la industria, que pierden clientes a mansalva por esta competencia desleal. Que se lo pregunten, si no, a los comerciantes y hosteleros de Sant Antoni de Portmany y del puerto de Ibiza. 

Este asunto, por la injusticia que trae implícita, enciende los ánimos de miles y miles de ibicencos, muchos de ellos votantes de los partidos que lideran el Govern. En consecuencia, mientras esta iniciativa no aporte soluciones al dilema, a muchos ciudadanos solo nos provocará rechazo y desaliento. 

@xescuprats