La relatividad de las fiestas ilegales, por Xescu Prats

Si algo hemos aprendido en la historia reciente de Ibiza es que aquí los conceptos de legalidad e ilegalidad, al igual que la frontera que los separa, son extraordinariamente ambiguos y difusos. Todo depende del quién, el cuándo y el cómo, y vistos los abundantes precedentes, podemos afirmar categóricamente y sin temor a equivocarnos que en la isla la ley no es, ni por asomo, igual para todos. Es probable que esta afirmación suene demasiado tajante y más propia de una república bananera, pero es absolutamente cierta. 

Si buscamos un ejemplo facilón, podemos aludir a los cientos de construcciones ilegales, a veces auténticos palacios y hasta edificios enteros, que se han erigido en las últimas décadas. Algunos aún siguen en obras y hasta hay propietarios que han arrasado bosques y dinamitado acantilados para mejorar sus vistas al mar. En la costa de ses Boques, zona que no puede estar más protegida, alguien ha conseguido licencia en un tiempo récord para escalonar y coser un precipicio de arriba abajo con malla de acero, con un impacto visual tremendo, con el objetivo de que un casoplón vacacional no se venga abajo. Que pruebe cualquier otro vecino de es Cubells a pedir licencia para ampliar su casa, aunque sea en un lugar mucho más discreto y alejado del mar, y veremos cuántos lustros tarda en obtenerla, si es que la consigue.

Sin embargo, de vez en cuando y por razones que se escapan a la lógica, las instituciones aparcan su habitual indolencia y pasividad, y caen sobre algún infractor con una fiereza inusitada. Así parece que va a ocurrirle a la empresa propietaria de un chalet en Porroig, tras ampliar el inmueble y construir una piscina sin permiso, entre otras actuaciones. No seré yo quien critique la necesidad de actuar con contundencia contra el urbanismo ilegal. El problema radica en que toda esta zona, como tantas otras, está plagada de obras ilegales, ampliaciones desproporcionadas, otras muchas piscinas sin autorización y hasta escalinatas de piedra y hormigón que descienden por los acantilados hasta el mar, para que los propietarios de estos inmuebles gocen del privilegio de un acceso privado a la orilla. 

La cuestión urbanística es la más visible, pero ni mucho menos la única. En materia de ruidos y fiesta encontramos las mismas contradicciones e incluso peores. Estos días ha trascendido un macrofestival con 1.600 estudiantes de Erasmus procedentes de toda Europa, que se desplazaron a Ibiza para ejercer las principales actividades que se nos adjudican a ojos del mundo: el desparrame y el desenfreno. Se juntaron en el Hotel Mare Nostrum, en Platja d’en Bossa, y liaron la mundial, sacando de sus casillas a los vecinos, que en este tramo aún no se han acostumbrado al ruidoso despendole que impera a diario en la zona sur de la playa. 

Al establecimiento, según parece, se le había concedido un permiso especial, pero, al menos que haya trascendido, nadie lo sometió a sonometrías para registrar el abuso e impedir que continuara durante días. ¿Para qué sirve que las policías locales inviertan el dinero de todos en sonómetros, si luego, cuando se producen los más flagrantes desatinos, nadie los utiliza?  Y, en todo caso, ¿por qué se autorizan varios días de fiesta al aire libre en una zona que es tan turística como residencial? Si los estudiantes quieren organizar jolgorio, que alquilen una discoteca insonorizada, que para eso están. 

Yendo a la raíz del asunto, la realidad es que, si este hotel o cualquier otro quiere organizar festivales en la terraza de la piscina a diario, solo tiene que exigir el correspondiente permiso de actividad complementaria y, aunque no disponga de licencia, podrá transformar su establecimiento en una discoteca autorizada, aunque no tenga techo ni paredes y los vecinos se tengan que comer el estruendo. De hecho, aún no me explico por qué no han reproducido milimétricamente esta estrategia varias docenas de hoteles, en vez de unos pocos. Debe ser que, otra vez, unos pueden y otros no. 

Ante las presiones del colectivo Ocio de Ibiza, que lleva años quejándose amargamente de que las fiestas ilegales en villas les quitan clientes –cuando sus beach clubs y hoteles discoteca, en sus comienzos como ilegales, les hicieron lo mismo a las salas de fiestas reguladas–, ahora el Govern balear amenaza con aprobar una nueva ley ultracontundente. Puede acarrear multas de entre 100.000 y 300.000 euros a los organizadores de estos festivales. Los propietarios de las viviendas, además, van a tener que demostrar que desconocían los hechos y por tanto son inocentes –en lugar de ser la Administración quien deba probar su culpabilidad–, y además perderán su licencia de vivienda turística si finalmente son sancionados.

Sin embargo, si nos atenemos a que un hotel puede ejercer como discoteca, con miles de personas cada día bailando al aire libre y pagando una entrada, por obra y gracia de la aún vigente ley turística de 2012, ¿por qué no recibe el mismo trato la vivienda vacacional, que en el fondo ejerce la misma actividad principal, es decir, proporcionar hospedaje al turista? Lo único que hace falta es un colectivo de propietarios motivados y un bufete de abogados con el colmillo suficientemente retorcido, que fuerce a los consistorios a aceptar las mismas condiciones para todos o arriesgarse a verse en los tribunales por prevaricación. Sin embargo, a ojos de las instituciones de Balears, unos son hermanitas de la caridad y los otros Al Capone, aunque se dediquen a lo mismo y con parecido fundamento jurídico. 

En Ibiza vivimos en la tomadura de pelo permanente. Ahondando en esta misma cuestión, observamos también cómo a algunos bares y restaurantes de distintos municipios, ciñéndose a las ordenanzas, se le permite ofrecer un par de conciertos o tres a la semana, de dos horas de duración. Sin embargo, otros locales, dedicados a la misma actividad principal, montan el fiestón diario con dj’s, con unos beneficios estratosféricos. El agravio comparativo es alucinante y la sensación de caos legislativo no puede ser más asfixiante.

Ya para colmo, ahora el Govern balear impulsa una nueva ley turística que pasa de puntillas por la cuestión, sin arreglar un ápice el desaguisado que generó la anterior normativa con el caballo de troya de las actividades complementarias. Solo ha habido un partido (Unidas Podemos) que ha presentado una enmienda en el Parlament a favor de regular la actividad de beach clubs y hoteles discoteca por la “competencia desleal” que ejercen. Habrá que ver hasta que extremo va a ser capaz de presionar a su socio de gobierno esta formación. Los socialistas, que no quieren pisar ningún callo a pesar de la trascendencia social y económica de este asunto, ya se han negado. Dicen que ahora no es el momento, cuando el momento precisamente es ahora.

Muchos ibicencos llevamos años contemplando atónitos cómo a determinados empresarios se les permite cometer toda clase de tropelías, retorciendo las leyes a su conveniencia, mientras otros se ven forzados a operar con camisa de fuerza y sordina. ¿En base a qué lógica o razonamiento legal se autoriza a algunos hoteles y beach clubs actuar como salas de fiestas cuando carecen de licencia para ello, y en cambio esta misma posibilidad se le niega a otros bares y restaurantes o a las propias villas turísticas? ¿Qué justifica semejante agravio comparativo?

Que nadie me malinterprete. Estoy totalmente en contra de que se hagan fiestas en villas. En Ibiza se requiere orden y que los espacios al aire libre se mantengan apacibles, estén donde estén. Pero solo hay dos opciones: revertir los despropósitos realizados en la última década con las fiestas al exterior mediante las actividades complementarias o permitir que todos puedan hacerlas. Aquí, o todos moros, o todos cristianos.

@xescuprats