Fernando Gómez, concejal de Podemos en Sant Antoni, ha presentado su candidatura en las primarias para ir de número dos al Parlament por Eivissa. Gloria Santiago, diputada y vicepresidenta de la Cámara autonómica, que ya lleva cuatro años en Palma, irá de número uno ya que es mucho más conocida que Fernando gracias a su proyección mediática y a sus vídeos en las redes sociales, aunque dudo mucho que sea mejor.
A fin de hacer campaña y de catapultar su imagen, Fernando ha decidido que lo mejor es denigrar al pueblo del que es edil. Y no es la primera vez que lo hace, lamentablemente. A través de un desafortunado comunicado, ha denunciado “la inseguridad que sufre la ciudadanía”. Casi describe Sant Antoni como la Cañada Real de Madrid, las 3.000 viviendas de Sevilla o el poblado palmesano de Son Banya. Y lo hace con el indisimulado objetivo de promocionarse personalmente a través de un ataque (el enésimo, igual de infundado que los anteriores) al alcalde del PP, Marcos Serra, al que acusa de fomentar el turismo de excesos, que “guarda relación directa” con una serie de actos delictivos como robos en vehículos y fracturas de ventanas de vehículos aparcados en la vía pública. Delitos gravísimos, como es de ver, y que no son cometidos en ningún otro lugar de Baleares, muchísimo menos que esté gobernado por la izquierda.
Fernando Gómez intenta sacar provecho de unos cuantos actos delictivos en los que el Ajuntament de Sant Antoni tiene poca o ninguna responsabilidad. Desde luego, no más responsabilidad que la dirección insular de la Administración General del Estado en Eivissa o la Delegación del Gobierno en Baleares, responsables directos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), a quienes el concejal podemita ni critica ni reclama nada, como sería lo coherente si de verdad le preocupase la evolución de la delincuencia o el nivel de seguridad ciudadana de Portmany.
Gómez podría haber criticado la gestión del equipo de gobierno municipal en relación a la Policía Local, pero paralelamente debería haber reclamado más efectivos de la Guardia Civil. No hizo nada de eso y optó por responsabilizar directamente al alcalde Serra de unos hechos que, lamentablemente, podrían acontecer –y, de hecho, acontecen– en Playa de Palma o Magaluf, lugares gobernados por la izquierda y donde Podemos ostenta responsabilidades de gestión.
Y es que el aspirante a diputado autonómico está determinado a culpar al alcalde de todo episodio delictivo que cometa cualquier turista beodo, con el peregrino argumento de que Marcos Serra fomenta el turismo de excesos. Como si ese tipo de turismo fuese algo exclusivo de Sant Antoni y el ayuntamiento pudiera hacerlo desaparecer de un día para otro. Ridículo.
Haría bien el concejal de Podemos en afinar más sus críticas al gobierno municipal de Sant Antoni, que seguro que motivos hay, pero yerra y se pasa de frenada culpando al alcalde Serra de todo altercado que protagonicen unos guiris pasados de rosca. A ver si al final resultará que el alcalde es el máximo y único responsable de que haya amigos de lo ajeno hurtando carteras por ahí. ¿Acaso no hay Guardia Civil en Sant Antoni?
Igual es que Gómez ignora que la competencia fundamental en materia de seguridad ciudadana es del Gobierno de España, del que Podemos forma parte desde hace más de tres años. Pero criticar la delincuencia en Portmany sin mencionar a la Administración directamente responsable de combatirla, demuestra un grado de maquiavelismo que no puede pasar desapercibido. Y que dice mucho, aunque todo malo, del exdirector insular de Deportes y Juventud, ahora aspirante a diputado autonómico.