A mediados de 2021, el Consell de Formentera nos obsequió con un parque para actividades deportivas, entre las que construyó una pista de “skate park” en modalidad “bowl”.
En sus primeros días fue muy atrayente y concurrido, pero parece que hubo un error básico: este “bowl” es para un nivel casi profesional de usuarios -dada su profundidad entre otros parámetros-, y por lo tanto inadecuado para quienes desean iniciarse en el skate. Obviamente el grueso de los usuarios que festejaron su realización no supera el nivel intermedio de dificultad, así que esta faraónica obra estatal ha quedado obsoleta, y apenas unos pocos usuarios le dan uso.
Veamos qué hubiera pasado si este emprendimiento deportivo lo ejecutaba el sector civil (“privado”) en contraposición al que en este caso ha hecho el Estado (“público”). Para empezar, el capital en su obra provendría de fondos diferentes: en el civil del patrimonio personal del empresario, y cuando lo realiza el Estado de los impuestos.
Si fracasa el proyecto del sector civil, pues esa empresa puede quebrar y sale del mercado, provocando un hueco que va a ser ocupado por otras empresas en crecimiento o emergentes, dejando una señal en el mercado sobre proyectos pertinentes y exitosos o de fracasos comerciales, constituyendo estos datos un valioso antecedente a la hora de emprender proyectos por otros particulares que estudian el mercado para crear bienes y servicios.
Y como es de esperar, el costo de la quiebra lo asumirá quien no supo alcanzar los conocimientos necesarios para viabilizar su proyecto de empresa, por lo tanto, no repercuten en la sociedad. Ni hablar que adquirir terrenos para estos fines siempre encuentran presupuesto dentro del Estado, pero cuando su adquisición es del sector civil, dependen de mucho riesgo y esfuerzo para el ahorro e inversión.
Por otro lado, en la isla el inversor es el Estado y el proyecto corresponde a una decisión política, que si hubiera sido un éxito entraría a voces en la próxima campaña electoral, pero como ahora es un fracaso existe silencio gubernamental sobre su ineficiencia, como tampoco hay pedidos de disculpas por los políticos responsables al errar el proyecto. Y volviendo al tema inversor, recordemos que el dinero para esta obra es proveniente de los impuestos, pero como el dinero público “no es de nadie” –diría alguna vez una ministra del gobierno central-, pues “parece que nadie ha perdido”.
En resumidas cuentas, esto es el ejemplo de lo que el Estado y sus arrogancias intervencionistas en el sector civil producen: pérdidas que aumentan la deuda de todos, por lo que en mi opinión el Estado no debe intervenir en las iniciativas propias del sector civil, ya que carece tanto de los estímulos propios del mercado, así como del ojo inversor de un accionista -que arriesga su propio capital-.
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