El Govern balear ha anunciado que se personará ante el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el decreto autonómico de regulación de los vehículos de alquiler con conductor tipo VTC.
Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, la cuestión se refiere al artículo 2.2 del decreto que la administración autonómica aprobó en febrero de 2019, por la posible vulneración del artículo 38 de la Constitución.
El precepto constitucional alude a la libertad de empresa «en el marco de la economía de mercado».
«El Govern de les Illes Balears, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, podrá formular las alegaciones pertinentes para defender la constitucionalidad de las normas cuestionadas», explica el ejecutivo.
EFE
