Familias con niños, parejas y personas solas, en su mayoría de nacionalidad española y con trabajo e ingresos económicos insuficientes para poder pagarse un alquiler en Ibiza. Ése es el perfil de quienes viven en las caravanas e infraviviendas de sa Joveria y que fueron identificadas hace unas semanas en el dispositivo conjunto realizado por los trabajadores de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza y agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía.
En la intervención llevada a cabo se identificó a 37 personas viviendo en el asentamiento de sa Joveria, donde también había menores de edad. De estas personas, la mayoría eran de nacionalidad española y tenían trabajo y recursos económicos, según fuentes conocedoras de la situación, que no pudieron concretar cuánto tiempo llevaban residiendo allí.
Los participantes en el operativo censaron individualmente «vivienda por vivienda» a quienes se encontraban en el lugar y detectaron diferentes tipos de situaciones personales y familiares: desde quienes vivían solos, a parejas e incluso familias con niños. En total, se contabilizaron 32 caravanas y dos casas de madera, además de una a medio construir, concretaron fuentes del Ayuntamiento de Ibiza.
En este sentido, desde el Consistorio informaron de que se había abierto un expediente urbanístico sancionador en relación a las viviendas, aunque no se han ofrecido más detalles al respecto. «Aparentemente todos los asentamientos estaban habitados», han añadido fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Durante la actuación, muchas de estas personas manifestaron «su preocupación por el tema de la vivienda, ya que teniendo ingresos no consiguen un lugar para vivir de manera legal ante los elevados precios que tendrían que hacer frente», han explicado fuentes policiales. Precisamente, en este sentido, desde el Ayuntamiento de Ibiza apuntaron que el principal problema era «el complicado acceso a la vivienda» y no la exclusión social.
Las personas identificadas se mostraron receptivas a recibir la ayuda que se les ofrecía. Y es que el principal objetivo de la actuación era conocer cuáles son sus necesidades y ofrecerles la atención y la ayuda «más adecuada a sus circunstancias», además de saber si existían posibles situaciones de desprotección que, según detalló el Consistorio, no se detectaron.
A este respecto, la concejala de Bienestar Social, María Dolores Penín explicó que también buscaban darse a conocer entre estas personas, para que supieran que en las oficinas municipales tienen “una persona de referencia, por si necesitan acudir ante cualquier imprevisto que les surja o ante cualquier situación que consideren».
Seguimiento periódico de carácter preventivo y asistencial
La intervención se enmarcaba en el plan de actuación acordado por la Junta de Seguridad Local de Ibiza, reunida el pasado 13 de julio, si bien desde el Ayuntamiento de Ibiza han señalado que los técnicos de los Servicios Sociales municipales «realizan visitas periódicas a los diferentes asentamientos del municipio para comprobar si hay alguna persona en riesgo o extrema vulnerabilidad».
Una vez realizado el censo de personas que allí residen, está previsto realizar «un seguimiento periódico desde el prisma de la prevención, que garantice la minimización de los posibles riesgos y situaciones de inseguridad derivadas de la situación que se vive en el asentamiento», han señalado las citadas fuentes policiales, que han agregado que deben ser «proactivos a la hora de prevenir conflictos», pues se han detectado «enfrentamientos e incluso incendios».
Sobre la posibilidad de extender este tipo de intervenciones en otros puntos del municipio, desde el Consistorio apuntaron que se hará, mientras que fuentes policiales han agregado que «se actuará en función de la demanda» y que, en estos casos, ellos intervienen «con el personal necesario para garantizar la seguridad del operativo, tanto de los agentes actuantes como de la ciudadanía» con un equipo multidisciplinar formado por agentes de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Extranjería.
«Sobre qué focos se actúa o no depende de la planificación operativa. Y sobre todo, no se actúa necesariamente y a la vez en todos los focos para mantener la máxima discreción de las actuaciones ante la vulnerabilidad de este colectivo», han añadido.
Porque no se da una solución a la miseria que tienen que pasar estas personas? Es algo tan fácil en solucionar. Comprar hoteles, apartamentos turísticos obsoletos o sin licencia , renovarlo y alquilarlo a precio normal a esta gente. La isla tiene más que suficiente dinero para un plan social y si no hubiera, pues a dónde va el impuesto que pagan los turistas, a donde van todos los impuestos que pagamos todos? No mas calles nuevas, no mas rotondas ridículas, no mas paseos marítimos, no más plazas y plazoletas, no mas de estas inútiles cosas, primero la gente!!
Edith,estoy de acuerdo contigo este país está contaminado de chorros políticos HDP que se olvidan de los seres humanos .
Lo mismo pasa en Barcelona en hospitalet de Llobregat hay personas y familias viviendo donde se vende la chatarra en casas prefabricadas y furgos habiendo tanto piso vacío lo podrían poner en alquiler social.
Desde el año 98 (Cuando se liberalizó el suelo rustico y abrieron las fronteras a la mano de obra barata) empezaron a apretar las tuercas y 25 años despues la cosa no parece mejorar.
Ni derecha ni izquierda, este pais necesita empezar a tener sentido común.
No olvidaremos nunca las atrocidades del pasado, tampoco mejoraremos el futuro, estamos condenados, así que el último maricón.
La propia AAPP resalta que no viven una situación de exclusión social, si no que no pueden hacer frente al pago del alto precio de la vivienda. Eso supone sufrir exclusión social. Están provocando un efecto expulsión de la clase trabajadora. No construyen viviendas públicas para que los ricos puedan seguir especulando con el precio del suelo. Encima ricos a los que la propia AAPP permite construir vulnerando la Ley de Costas. A esos no les derriban las viviendas. Vergonzoso.