El obispo de Ibiza niega no haber colaborado en la investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, ha negado las acusaciones vertidas por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en las que reprende a la Diócesis de la isla por no haber colaborado en el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica elaborado por el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Ribas aseguran y documenta que cumplió con todos los requerimientos y cooperó activamente en la investigación. Incluso, tal y como prueba, remitió por duplicado toda la información solicitada y en su poder después de que se le pidiera por segunda vez después de que el destinatario no hubiera registrado el primer envío.

El informe hacía referencia a Ibiza y recogia dos casos de sacerdotes que han cometido abusos sexuales en la isla y señalaba directamente a la Diócesis de Ibiza y Formentera por no haber colaborado en las pesquisas, como sí han hecho otras diócesis, arzobispados y congregaciones de toda España que han aportado los datos requeridos.

Así, en lo que respecta a agresores, el Defensor del Pueblo recuerdaba que «solicitó las iniciales del victimario, su condición (sacerdote/diácono/laico) y su cargo, empleo o función (párroco/no párroco, catequista, profesor, director u otros)». «Sin embargo, no todas las diócesis han dado esta información. Hay diócesis que no han aportado ningún dato, ni siglas, ni condición ni cargo o empleo (las de Almería, Ibiza, Menorca, Oviedo), incluso aunque los hubieran publicado los medios de comunicación«, apuntaba el informe.

En el mismo se añadía añade que tampoco colaboraron desde Ibiza en lo que respecta a las víctimas: «Cuatro diócesis no aportaron datos de las víctimas de sus casos: las de Ibiza, Mondoñedo-Ferrol, Sant Feliu de Llobregat y Oviedo».

Sin embargo, el obispo de Ibiza ha desmentido en una ‘nota aclaratoria’ estas acusaciones y lo explica del siguiente modo: «Para responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, determiné que yo mismo daría cuenta de las denuncias de abusos que se habían recibido en este obispado desde el año 1950. Y encargué a la Oficina Diocesana de Protección al Menor la respuesta a los dispositivos y protocolos por ser la encargada de ello y estar lo pedido en el marco de su actuación», señala Ribas. 

«Mediante una carta fechada en Ibiza el día 16 de marzo de 2023, le contesto lo siguiente: le comunico que oficialmente y desde el año 1950 sólo hemos tenido dos denuncias con el siguiente resultado:«

«La primera de ellas (año 2011) fue llevada por la justicia civil y la eclesiástica. La  justicia civil determinó en un plazo breve de tiempo desestimar la denuncia por fatal de pruebas e incongruencias en la declaración del denunciante. El procedimiento  eclesiástico se demoró algo más al ser más exhaustivo llegando a la misma conclusión.  Se había procedido a hacer una denuncia falsa contra el sacerdote afectado. Los medios de comunicación airearon la noticia, como suele ocurrir en estos casos, sin salvaguardar la presunción de inocencia del sacerdote ni posteriormente rectificar, cuando se hicieron públicas las sentencias, quedando así deteriorada la buena fama de este sacerdote y ciudadano español sin que hubiera ninguna reparación«. 

«La segunda denuncia (año 2020) -prosigue Ribas- fue iniciada mediante un procedimiento eclesiástico y, teniéndose los hechos como probables, se ayudó a la víctima a que acudiese a los tribunales civiles, donde se abrió una causa que está pendiente de juicio. Al sacerdote en cuestión se le instó a que afrontase los hechos y, el mismo, solicitó al Santo Padre la dispensa de las obligaciones contraídas con el sacramento del orden, perdiendo, así, el estado clerical”. 

Por su parte, la Oficina Diocesana de Protección al Menor había recibido un correo electrónico desde el Defensor del Pueblo el día 16 de febrero de 2023 y firmado por Álvaro Arroyo Camacho, en el que pedía el nombre de la persona encargada de la Oficina y la dirección postal de la misma. El 25 de febrero se le contesta mediante correo electrónico aportándole los datos solicitados. Desde entonces y hasta el día 2 de junio, la Oficina no recibe ninguna comunicación. Dicho día, mediante una llamada telefónica de Antonio Fernández Barba al Obispado, se vuelven a requerir los mismos datos que ya habían sido aportados, relatan desde la Diócesis insular.

El mismo día, mediante correo electrónico, se reenvía la información. Al no recibir respuesta alguna desde el Defensor del Pueblo, la Directora de la Oficina Diocesana de Protección al Menor se pone en contacto telefónico con Fernández Barba quien el día 6 de junio de 2023 le remite el siguiente correo electrónico: “Buenas tardes: El pasado viernes recibimos su contestación a las dudas que  desde esta oficina se les habían planteado sobre el envío del protocolo de protección de  menores existente en su diócesis. Efectivamente habían sido enviadas al Defensor del  Pueblo en la contestación a un correo inicial solicitando la confirmación de su dirección, por lo que el contenido del mensaje más allá de la dirección solicitada no fue archivada  por parte de la persona a la que se dirigió. Sólo nos queda agradecerle que enviara de  nuevo el enlace y pedirle disculpas por el equívoco. Un saludo. Antonio Fernández Barba,  Coordinador de la Unidad de atención a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de  la Iglesia católica”. 

En este periodo de tiempo, subraya el Obispo de Ibiza, «recibo una segunda carta del Defenso del Pueblo, fechada en Madrid el 5 de mayo, en la que me agradece mi primera contestación, pero en la que me indica que faltan datos esenciales como: tipo de abusos, las siglas de los  nombres y apellidos del victimario, lugar concreto de los hechos, tipo de abuso, año de  los abusos, edad y sexo de la víctima. Me indica, además, que existe en los informes del  diario ‘El País‘ una tercera víctima a la que no hago referencia. Que no tiene constancia de si he revisado los archivos diocesanos desde el año 1950. Y, por último, que faltan los datos y protocolos de la Oficina Diocesana de Protección al Menor». 

Denuncia falsa contra el director del colegio Can Bonet

«A esta nueva carta le contesto mediante otra que está fechada en Ibiza el día 23 de mayo de 2023 lo siguiente: “le reitero, como ya le manifesté en la primera, que oficialmente y desde el año 1950 sólo hemos tenido dos denuncias. Por lo tanto, en  nuestros archivos no hay constancia de ninguna denuncia relacionada con el delito de abusos a menores. En relación con lo afirmado por el periódico ‘El País’ y del que usted hace mención diciendo que son tres los que ‘nos’ corresponden, quedo muy sorprendido ya que las denuncias de las que tenemos constancia son dos: La primera de ellas en el año 2011 y la segunda denuncia en el año 2020. A estas denuncias ya me referí en mi primera carta. Si usted y el periódico ‘El País’ tienen una información de la que carecemos, resulta imposible por nuestra parte hablar de un tercer caso. A este respecto, sólo puedo pedirle que o bien nos haga llegar la información de ese tercer caso para poderlo investigar y actuar consecuentemente o bien lo ponga usted directamente en conocimiento de la fiscalía para actúe de oficio«. 

Ribas insiste en su misiva: «En lo referido a los casos de los años 2011 y 2020 dice que faltan datos esenciales, siglas del victimario, lugar concreto de los hechos, tipo de abuso, año de estos abusos, así como la edad y el sexo de las víctimas. En el caso del año 2011 se trató, como ya le indiqué, de una denuncia falsa que,  por falta de pruebas, fue desestima por los tribunales civiles, por lo que no hubo ningún tipo de abuso. La denunciante fue la madre de un menor, alumno del colegio Can Bonet del que el sacerdote falsamente denunciado era director», escribe el Obispo.

«El caso del año 2020 -continúa Ribas-, sigue pendiente de juicio y, por tanto, estando todavía en  proceso legal, todo lo referido al mismo debe tener autorización del juez y de las partes  implicadas. La actuación eclesiástica ya se la referí en la anterior carta. Por lo que respecta a las cuestiones que sugiere en el último punto, en esta  Diócesis funciona la Oficina de atención al menor y a las víctimas de abusos sexuales. De todos los protocolos fue informado a través de la Directora de la misma cuando en su día se pidió esta información. Puede preguntarle a Álvaro Arroyo Camacho, que tiene la información que solicita”. 

Respecto a los datos reflejados en el informe sobre la Diócesis de Ibiza, el Obispo de Ibiza señala lo siguiente: «El primer dato que aparece sobre Ibiza se refiere a un capellán castrense, cuya jurisdicción pertenece al Arzobispado castrense y sobre el que diócesis de Ibiza y  Formentera no tenía competencia alguna: Es posible que, por esta misma razón, no haya reflejado (el Arzobispado castrense) el caso de otro capellán castrense expulsado del Ejército en 1995, tras acosar y abusar de soldados en un cuartel de Ibiza, difundido también por varios medios de comunicación”. 

“Hay diócesis que no han aportado ningún dato»

Ribas lamenta las afirmaciones del Defensor del Pueblo en las que subraya, en la página 493, que un grupo de obispados no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni  abusos, ni lugar o tiempo. «Son las diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo-Ferrol y Vic”, y en la página 494 del mismo informe, en la que se vuelve a citar a la isla: “Hay diócesis que no han aportado ningún dato, ni siglas, ni condición ni cargo o empleo (las de Almería, Ibiza, Menorca, Oviedo), incluso aunque los hubieran publicado los medios de comunicación”. 

«No se entiende esta afirmación cuando mi respuesta fue: ‘En el caso del año 2011 se trató, como ya de indiqué, de una denuncia falsa que, por falta de pruebas, fue  desestima por los tribunales civiles, por lo que no hubo ningún tipo de abuso. La  denunciante fue la madre de un menor, alumno del colegio Can Bonet del que el  sacerdote falsamente denunciado era director. Ante lo aparecido en el informe, da la  impresión de que no se ha leído la carta que envíe. Si la denuncia fue falsa, no hubo  agresor, ni víctima, ni abuso. Con todo indico el año y el cargo del sacerdote falsamente  acusado y denunciado. Es cierto que no doy las siglas del victimario (agresor y agredido), pues la justicia civil y la eclesiástica estimaron que todos había sido una falsa denuncia. Por tanto, no ha lugar, y quien quiera puede recurrir a los medios actuales para conocer  lo que apareció publicado respecto a aquella falsa denuncia», se defiende la Diócesis. 

En lo referido al otro caso, «le escribía en la primera carta: La segunda denuncia (año 2020) fue iniciada mediante un procedimiento eclesiástico y, teniéndose los hechos como probables, se le ayudó a la víctima a que acudiese a los tribunales civiles, donde se abrió una causa que está pendiente de juicio. Al sacerdote en cuestión se le instó a que afrontase los hechos y, el mismo, solicitó al Santo Padre la dispensa de las obligaciones contraídas con el sacramento del orden, perdiendo, así, el estado clerical”. Y en la segunda carta: El caso del año 2020 sigue pendiente de juicio y, por tanto, estando todavía en proceso legal, todo lo referido al mismo debe tener autorización del juez y de las partes implicadas. La actuación eclesiástica ya se la referí en la anterior carta», respondía el Obispo de Ibiza.

El informe «no es exacto ni veraz», según el Obispo de Ibiza

«Si hubieran querido conocer más datos los tenían en los medios de información y en el  mencionado informe del diario ‘El País’ en el que prácticamente se apoya el trabajo  realizado por el Defensor del Pueblo con la participación de nuestra diócesis. Una cosa  que no se entiende es que, si ha salido en los medios de comunicación, que  normalmente no suelen hacerse responsables de la veracidad o falsedad de una noticia  y que luego tampoco rectifican, tenían a su disposición información; y otra cosa es que  lo diga el obispo en su responsabilidad de pastor de la diócesis. No puedo saltarme lo  que dicta la ley (ni la civil ni la canónica), ni lo que pide el bien de las personas, ni lo que sugiere la prudencia». 

En la página 498 del informe sobre la fecha de la creación de la Oficina Diocesana de Protección al Menor se lee: “Finalmente, no se pudo encontrar este dato de las diócesis de Ibiza y Oviedo, ni lo facilitaron en su respuesta ni se encontraron en su web  respectiva”. Todos los datos los facilitó la directora de la Oficina. Aunque, como reconoce Fernández Barba, efectivamente habían sido enviadas al Defensor del  Pueblo en la contestación a un correo inicial solicitando la confirmación de su dirección, por lo que el contenido del mensaje más allá de la dirección solicitada no fue archivada por parte de la persona a la que se dirigió”. 

Ribas apunta que, en una primera valoración, considera que el Informe, en lo referido a la Diócesis de Ibiza, «no es exacto ni veraz. Se ha colaborado con el Defensor del Pueblo en lo que ha solicitado y en los límites que el estado de los dos casos aconsejaba, teniendo siempre en cuenta el bien, la integridad y el honor de las personas. Particularmente en el caso del año 2020 respecto a la víctima. «Lamento profundamente las conclusiones y especialmente las extrapolaciones que tan libremente ha hecho el Defensor del Pueblo de lo que son unos datos concretos y de una encuesta realizada sobre una base poblacional tan limitada y a la que se ha encuestado de una manera tan genérica». 

El próximo lunes, día 30, los obispos están convocados a una reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria, de la que saldrá una valoración mucho más exhaustiva del Informe en su conjunto, de su metodología y de su extrapolación de datos, que ha sido «arbitraria», a juicio del Obispo de Ibiza. 

El comunicado emitido por la Diócesis de Ibiza, el Obispo Vicent Ribas concluye diciendo que confía en «que esta investigación ayude a detener esta lacra de los abusos sexuales a menores en todos los ambientes en los que estos se producen, que no sólo es el eclesiástico ni es, con todo, el mayoritario. En la búsqueda de la verdad y en la promoción de la justicia me encontrará siempre a su disposición, como no podría ser de otra manera, puesto que, sin la verdad, sin la justicia, sin la protección de todos los derechos de todas las personas y sin el bien no existiría la democracia y la sociedad se perdería en el fangoso terreno de la subjetividad y de los convencionalismos oportunistas provengan de donde provengan”.