Sumar ha pedido este lunes al PSOE que vaya «más allá de la ley de vivienda» y apruebe una moratoria de 36 meses que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente, con el fin de frenar la especulación sobre todo en las ciudades más turísticas.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha asegurado, en una comparecencia de prensa en el Congreso, que la «suspensión temporal de venta de vivienda a fondos buitre y personas no residentes es una medida que se aplica ya en Canadá, Nueva Zelanda y Andorra, mientras se encuentran herramientas regulatorias y fiscales que desincentiven esta práctica».

En España, el año pasado, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado, un 56 % de la compraventa de viviendas se hicieron a «tocateja», porcentaje que se dispara hasta el 70 % en el caso valenciano, ha destacado el diputado.

Éste ha subrayado también que la compraventa por parte de fondos y población no residente representa ya en ciudades como Alicante un 40 % de las transacciones, un 38 % en Santa Cruz de Tenerife, un 32 % en Málaga, Gerona un 30,8 % y un 31 % en Baleares.

Por ello, ha argumentado que para garantizar el derecho a la vivienda no basta con regular los precios del alquiler y ampliar el parque de vivienda público, sino que también hay que «frenar de raíz la voracidad especulativa», con ese tipo de medidas que no necesitan de inversión pública, sino de «valentía política», señala en su iniciativa.

La propuesta de Sumar, que se debatirá el martes en la Comisión Vivienda del Congreso, incluye prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a otras entidades públicas para su transformación en parque público de alquiler.

EFE