EFE / El Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) ha abierto un nuevo expediente administrativo para exigir los 3,7 millones de euros que pagó en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional, por la compra de 1,5 millones de mascarillas a raíz de la crisis sanitaria de la Covid-19.
Además, el Govern balear insistirá en su intención de personarse en la causa penal abierta por la Audiencia Nacional en el caso Koldo al considerar que es parte perjudicada en «el pago a esta supuesta trama corrupta», ha afirmado este jueves el portavoz del Ejecutivo y conseller de Hacienda, Toni Costa.
El conseller ha reafirmado que el Govern (PP) asumirá en su totalidad el gasto de las mascarillas que financió en 2020 la Unión Europea (UE) a través de los fondos Feder. El Ejecutivo quiere ante todo evitar que la comunidad autónoma se vea perjudicada en la concesión de futuras ayudas europeas.
El portavoz del Govern y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, han informado este jueves del nuevo expediente abierto en una rueda de prensa repleta de tecnicismos administrativos.
El Govern balear de la pasada legislatura, dirigido por Francina Armengol (PSIB-PSOE), compró a la empresa Soluciones de Gestión 1,5 millones de mascarillas cuya calidad era mucho menor de lo exigido para su uso sanitario, por lo que acabaron inservibles en un almacén del Ib-Salud, donde continúan a día de hoy.
El Govern balear agotará todas las vías, administrativa y penal, para recuperar los 3,7 millones de euros e insistirá en personarse en la causa abierta por la Audiencia Nacional y también en la investigación puesta en marcha por la Fiscalía de la UE. «Agotaremos todas las vías para resarcir el daño sufrido por los ciudadanos de las Islas Baleares», ha afirmado Ureña.
Renunciar al primer expediente de reclamación
El Ib-Salud ha decidido renunciar al primer expediente de reclamación, que abrió el propio Ureña en agosto de 2023, porque entiende que no prosperará en ningún caso.
La razón es que en 2020 el propio Ib-Salud, cuando era gestionado por el PSIB-PSOE, certificó a Soluciones de Gestión que las mascarillas eran óptimas y respondían al contrato firmado.
El nuevo expediente considera nulo este contrato porque, entre otras razones, la empresa no tenía ninguna capacidad para facilitar material sanitario, ni tenía la solvencia económica y técnica exigida por la normativa de contratación autonómica.
Es como si para arreglar el techo del servicio de Urgencias de un hospital, el Ib-Salut contratara con carácter urgente a una empresa del sector de hostelería y no de la construcción, ha puesto como ejemplo Ureña. Por tanto, el contrato sería nulo.
Ahora, Soluciones de Gestión cuenta con 10 días para presentar sus alegaciones a este nuevo proceso.
El gerente del Ib-Salud ha querido dejar claro que ni él, ni ningún miembro de la actual dirección, han mantenido ningún tipo de contacto con Soluciones de Gestión en todo este proceso.
Por su parte, el conseller ha anunciado que el Govern ha remitido al Ministerio de Hacienda, y éste a su vez a la UE, el «expediente de descertificación» por el que asumirá el coste de las mascarillas por un valor total de 3,9 millones de euros pagados a través de los fondos Feder.
La UE pagó en total 3,9 millones: 3,7 millones por el coste de las mascarillas más otros 200.000 por el trasporte y la asistencia técnica.
El portavoz del Ejecutivo confía en que, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional que instruye esta causa acceda a que la comunidad autónoma pueda personarse como parte perjudicada. Su petición ha sido rechazada inicialmente, pero el Ejecutivo insistirá una vez que la UE se dé por enterada del «expediente de certificación».