El Ministerio de Sanidad dará luz verde este viernes al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 aun sin el consenso de las comunidades, que en su gran mayoría han criticado el procedimiento empleado y por ello han evitado votar su adhesión total o parcial a la estrategia.
Lo hará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que arrancará hoy a las 10:30 horas con las posturas definitivas de las comunidades sobre el PIT aún en el aire, pero que saldrá en cualquier caso «aunque el PP no apoye», según advirtió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Ayer, cuando vencía el plazo para votar su adhesión total o parcial al plan, solo Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias trasladaron a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio su postura, informaron a EFE fuentes de este departamento y de las distintas consejerías.
El resto optó por no emitir su voto para formalizar su adhesión por rechazar el procedimiento utilizado por Sanidad para sacar adelante el plan mediante un acuerdo de cooperación, que implica que las autonomías se pueden sumar total o parcialmente a sus puntos, en cuyo caso tienen que especificar con cuáles discrepan.
Para estas comunidades, el sistema «excede» las competencias de la Comisión de Salud Pública, según resumía la directora general del ramo en Madrid, Elena Andradas, en la respuesta que dio a Sanidad. «En esta sede no se debería votar la adhesión o no a un acuerdo de cooperación, que es lo que solicitan en su correo electrónico, al exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente a este órgano», exponía.
Muchas se han quejado de que el Ministerio no delimite los espacios sin humo, algo que dejará para el futuro paquete legislativo que pretende iniciar «ya» sacando a consulta pública «muy pronto» una iniciativa que introduzca el empaquetado genérico, tal y como avanzó a EFE el director general de Salud Pública, Pedro Gullón.
También se han lamentado de que se descarte la autorregulación de esos espacios, que reclamaban Galicia, Madrid, Aragón o Extremadura, entre otras, para optar por la prohibición, algo que Gullón justificó en que está más que demostrado que «los acuerdos voluntarios en salud pública funcionan muy mal».
Y de que no se acompañe el plan de una dotación económica, según criticaron Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Murcia, si bien el texto definitivo añadió un párrafo para aclarar que se destinará anualmente una partida para que las comunidades tengan «un apoyo económico para ejercer las labores que son de su competencia».
La única que hasta ahora ha expreso públicamente su adhesión al plan ha sido Navarra, aunque lo hará «con todas las cautelas», señaló el consejero de Salud, Fernando Domínguez.
¿Qué dice el plan?
El Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) equipara a nivel normativo el tabaco con el tabaco calentado, los vapeadores o vapers, las cachimbas, que se han convertido en un problema entre la población más joven, al ser productos con apariencia menos nociva, con sabores y si olor ‘a humo’.
El Gobierno también plantea incrementar el precio de las cajetillas de tabaco y prohibir fumar en paradas de autobús, en playas, terrazas y otros «espacios de uso colectivo» sin detallar, además que aumentar el perímetro de prohibición de fumar en entornos sanitarios como hospitales o centros de salud y colegios.
El plan original era más ambicioso, ya que aumentaba la prohibición de fumar ente embarazas y menores en espacios privados pero finalmente se ha quedado en «espacios de uso colectivo».
Al margen del plan antitabaco, en el orden del día del Consejo Interterritorial figura la aprobación de otros acuerdos, como la ratificación de la actualización de la Estrategia en Ictus y la creación del grupo de trabajo de listas de espera del SNS o de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria.
Sobre la mesa también está el acuerdo marco para el fraccionamiento industrial del plasma procedente de la Red Nacional de Centros de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC), o el reparto de 1,7 millones para el Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados.
Asimismo, figura la distribución de 5,3 millones para la financiación de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS y de 8 millones para infraestructuras y equipamiento previstos en el Plan de Acción de Salud Mental.
Por último, se dará luz verde al protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia 2023.
EFE/Redacción
