Las tres Federaciones Hoteleras de Baleares, compuestas por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) y la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), han expresado hoy en un contundente comunicado firmado en conjunto su profunda disconformidad con la enmienda anunciada por el Partido Popular en el trámite parlamentario del Decreto Ley de Simplificación Administrativa.
La preocupación de las federaciones radica en la posibilidad de habilitar el uso turístico en viviendas situadas en suelos rústicos tras su legalización extraordinaria, una medida que consideran contradictoria con las políticas actuales del Govern de les Illes Balears. Estas políticas están dirigidas a combatir la saturación turística y la crisis habitacional, forman parte del «Pacte per la Sostenibilitat Política i Social».
El comunicado enfatiza que permitir el alquiler turístico en viviendas previamente destinadas a uso residencial podría agravar aún más la emergencia habitacional que afecta a las islas, donde la falta de viviendas asequibles y la gentrificación son problemas crecientes. Además, las federaciones alertan sobre la incoherencia de esta medida con la moratoria turística vigente y las políticas de regulación que buscan limitar la expansión del mercado turístico sobre el inmobiliario residencial.
Sebastià Sagreras, portavoz del Partido Popular, anunció que la propuesta del partido contempla la eliminación de la prohibición del alquiler turístico en las viviendas legalizadas, lo que ha sido duramente criticado por las federaciones, quienes consideran que esta medida «crea inseguridad jurídica» y desvirtúa el propósito original del Decreto Ley.
Finalmente, las federaciones hacen un llamado a la responsabilidad y coherencia política, exigiendo que se rechacen las enmiendas que prioricen el uso turístico sobre la necesidad de vivienda de los residentes, y piden un enfoque que equilibre el desarrollo económico con la protección de los derechos básicos de la población, como el acceso a la vivienda.
A continuación el manifiesto íntegro enviado de forma conjunta por las tres federaciones que han titulado:
«Enmienda a la incoherencia».
«Desde hace varios años padecemos y se va agravando, una situación de emergencia habitacional en Baleares. Una crisis que afecta de manera directa a miles de ciudadanos que sufren la escasez de vivienda asequible en nuestras islas y la gentrificación en los barrios por el incremento exponencial de alquiler turístico en edificios plurifamiliares en los últimos años.
Este contexto de extrema necesidad habitacional no puede, bajo ningún concepto, verse agravado por medidas que abunden en priorizar el uso turístico en viviendas.
La moratoria turística vigente y las políticas de regulación que el Govern ha implementado, como parte de un pacto político y social, tienen como objetivo frenar el crecimiento y la presión del mercado inmobiliario turístico sobre la oferta residencial.
No comprendemos ni compartimos, pues, que se impulse una enmienda de una normativa que se concibió para ordenar construcciones en suelo rústico y permitir su legalización, en caso de cumplir determinados requisitos y siempre que cesara su uso turístico, tuviera o no licencia.
Según las declaraciones vertidas ayer por el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, siguen contemplando ahora la legalización urbanística pero eliminan la prohibición de destinar la vivienda legalizada a alquiler turístico, contrariamente a lo que se motivó inicialmente.
Esta propuesta carece de coherencia con los objetivos y el discurso que se ha establecido desde el propio Govern, de un trabajo sosegado y reflexivo en el marco del Pacte por la Sostenibilidad Social y Política, buscando un consenso y la priorización de actuaciones para reducir la saturación y mejorar la convivencia.
Resulta particularmente preocupante que mientras el Govern Balear está promoviendo un proceso de diálogo para un pacto social y global que aborde los problemas de congestión, gentrificación y escasez de vivienda, se esté considerando, por otro lado, una enmienda que sigue favoreciendo el uso turístico en viviendas en las que este iba a desaparecer.
El objetivo de un Decreto Ley de estas características es la simplificación de trámites administrativos, no la reactivación o concesión de licencias turísticas que hubieran sido retiradas en cumplimiento de la ley si el Decreto Ley se mantuviera en su redacción original. Esta contradicción normativa no solo crea inseguridad jurídica, sino que también desvirtúa el propósito del decreto.
Permitir nuevas licencias turísticas, o mantener aquellas que ya han sido anuladas, no solo agrava la dificultad del acceso a la vivienda, sino que también socava la posibilidad de encontrar soluciones reales a la crisis habitacional que enfrentamos y que ha sido una de las causas que han provocado las protestas ciudadanas.
En realidad, lo que se precisa del ejecutivo que está gobernando, es tomar decisiones valientes ante un contexto de extremada tensión en materia de vivienda, provocada por inacción de gobiernos anteriores. Por ello, solo las viviendas unifamiliares aisladas deberían poder ejercer una actividad distinta a la residencial y dedicarse al alquiler como se regulaba originariamente.
La figura de la vivienda de vacaciones se recoge por primera vez en la normativa autonómica en la Ley 2/1984, de 12 de abril, sobre alojamientos extra hoteleros, donde se definía la figura como: “las unidades aisladas de apartamentos, bungalows, villas, chalés y similares que se ofrezcan en régimen de alquiler por motivos vacacionales o turísticos” y desde ese momento y hasta el 2017, siempre se reguló esta actividad dirigida a la vivienda unifamiliar aislada.
Así, regresando a los orígenes, una inmensa bolsa de viviendas plurifamiliares volvería a estar en el mercado a disposición de residentes y recuperando la convivencia en los barrios.
Necesariamente debe haber un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos básicos de la población como el caso de la vivienda.
Por lo tanto, solicitamos con firmeza que se reconsidere, por coherencia y responsabilidad, la aceptación de cualquier enmienda que no actúe respecto a las necesidades y prioridades reales de la población balear.
La norma se debe ceñir al fin para el cual fue concebida y, en el trámite parlamentario, no debería prosperar ninguna alegación que perjudique a la sociedad en materia de vivienda vinculada al uso turístico y no residencial.
Las materias, especialmente sensibles, deberían trabajarse con el análisis y las cautelas debidas en las leyes especiales que incumben a cada una, evitando así que lo que eran “títulos en precario” otorgados sobre viviendas contrarias al ordenamiento urbanístico se conviertan en regalos a particulares con un coste sobre el conjunto de la sociedad y más cuando durante muchos años han disfrutado de beneficios económicos pese a su situación de ilegalidad», concluye el texto.
Pufff!!! Menudo ataque de cuernos de los hoteleros!!! Jajajajaja. Es “EL PARTIDO” en estado puro. También tienen a otros clientes a parte de los hoteleros (un poquito de comprensión por favor!!). Medida seguramente muy auspiciada por El PARTIDO de esta isla, que por un lado dice una cosa (a la plebe) y por otra parte hace lo que le interesa.
En proporción a territorio, Ibiza tiene más propiedades a regularizar con alquiler vacacional que otras islas. Ya sabemos que Ibiza ahora se lleva muy bien con Mallorca, pero visto lo visto solo ha servido para que nos financien con la ECOTASA un proyecto megalómano que nada tiene que ver y que va a asfixiar al Ayuntamiento correspondiente y a sus contribuyentes.
Ja ja ja el PP os la ha metido doblada señores hoteleros! Ja ja ja
Esta medida supone la turistificación masiva e indiscriminada de Ibiza, sin obligar a los propietarios de viviendas rústicas ofrecer a los turistas ninguna garantía de salud, seguridad e higiene, que sí obligan a los hoteleros. Favorece la eliminación de actividades productivas en suelo rustico, que ahora pasará a se suelo ruso, o armenio, privatizado y en manos de multimillonarios que lo usen para fiestas ilegales, y como refugio… No hablemos de gestión de resíduos que genera esta nueva actividad, ni de consumo de recursos naturales, que son de todos , en manos de unos muy pocos. No se yo, si esta es la ibiza que merecemos…