Partidos políticos y sindicatos encabezan la oleada de reacciones de crítica al PP por votar ayer en el Parlament «de manera errónea» unas enmiendas de Vox a la Ley de simplicación administrativa que incluyen eliminar el catalán de la función pública o permitir construir en terrenos protegidos ANEI.
En este sentido, la Federación Socialista de Ibiza ha expresado hoy «su más firme condena ante el vergonzoso espectáculo protagonizado por el Partido Popular en el Parlamento de las Islas Baleares», votando «por error» un paquete de enmiendas de Vox y aprobando definitivamente una ley de «simplificación» que, en realidad, «supone una grave afectación en ámbitos tan diversos como la seguridad de las personas, el territorio y la cultura de nuestra isla», lamentan.
El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, exige «explicaciones» al Partido Popular de Ibiza y, sobre todo, a Vicent Marí como presidente del Consell Insular y diputado del PP, uno de los que votó a favor de las enmiendas de Vox.
Además, Roselló ha subrayado que «la amnistía urbanística legaliza las construcciones levantadas sin ninguna autorización en zonas inundables de Ibiza, una medida que claramente pone en peligro la seguridad de las personas que las habitan».
En cuanto a las enmiendas de la ultraderecha, el secretario general de la FSE-PSOE denuncia la «absoluta falta de responsabilidad y rigor político del PP, aprobando ‘por error’, dicen ellos, una treintena de enmiendas de Vox que suponen un retroceso gravísimo para nuestra isla en materia de territorio, protección medioambiental y defensa de nuestra lengua».
«El resultado de esta negligencia política es demoledor: se han puesto en cuestión décadas de avances que han sido fruto del esfuerzo colectivo de toda la sociedad de estas islas. Por mucho que digan que lo rectificarán, han creado un estado de confusión e inseguridad absoluta en cuestiones que son fundamentales para nuestra isla».
«Desde la Federación Socialista de Ibiza consideramos inaceptable que la derecha y la extrema derecha utilicen las instituciones para poner en duda conquistas históricas como las normativas de protección ambiental, esenciales para preservar el patrimonio natural de nuestra isla, o las leyes de defensa y promoción del catalán, que son un pilar fundamental de nuestra identidad y cultura», añade.
«El error que alega el PP no es más que otra muestra de su incapacidad para liderar y de su total sumisión a los postulados más radicales de la extrema derecha», dicen. Este hecho refleja, además, la «preocupante falta de preparación y compromiso de un gobierno autonómico del Partido Popular, que debería velar por el bienestar de la ciudadanía y por la sostenibilidad de nuestro territorio, pero que se dedica, en cambio, con sus pactos con Vox, a dinamitar los consensos sociales y políticos que tanto nos ha costado construir».
«Hacemos un llamado a la ciudadanía para que defienda, ante estos ataques, los valores que nos unen: la protección de nuestro territorio y medio ambiente, la defensa de nuestra lengua y cultura, y el compromiso con un modelo de desarrollo sostenible y justo para el conjunto de la sociedad ibicenca», ha manifestado el secretario general de la FSE-PSOE.
Los sindicatos también han reaccionado. Así, ANPE, explica que, a pesar que Educación ha informado de que se ha tratado de un error en la votación parlamentaria y que las enmiendas no tendrán aplicación porque se corregirán por un decreto ley, quieren «manifestar públicamente» que se oponen «rotundamente a estas medidas» que afectan en materia lingüística a la enseñanza pública de las Islas Baleares.
UGT Ensenyament ha mostrado su preocupación por las enmiendas aprobadas en el Parlament, con unas medidas impulsadas por Vox y con el apoyo del PP que «representan un grave retroceso en aspectos clave para el futuro de Baleares».
La organización confía en que el Govern presidido por Marga Prohens rectifique este error con celeridad, aprobando un decreto ley que anule las enmiendas y garantice la protección de la lengua, el patrimonio natural y los derechos de la ciudadanía.
Entre las enmiendas aprobadas figuran la eliminación del catalán en la función pública y la educación, así como la autorización para construir en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), unas medidas que el sindicato ha tildado en una nota de «inaceptables».
UGT ha afirmado que éstas son contrarias al interés general porque el catalán es un elemento esencial de la identidad cultural de la islas y un derecho protegido por el Estatuto de Autonomía, por lo que suprimir el requisito lingüístico en la función pública «vulnera la igualdad de acceso a los servicios públicos y pone en riesgo la cohesión social».
Esta entidad también ha hecho hincapié en que la educación en catalán es clave para garantizar un bilingüismo real y preservar el patrimonio cultural de la comunidad.
Respecto a las construcciones en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), este sindicato ha insistido en que permitir edificaciones en estos espacios supone un «grave» impacto sobre la biodiversidad e intensifica la presión urbanística en un territorio ya muy vulnerable.
Responsabilidades políticas
Por su parte, STEI Intersindical ve necesario tomar responsabilidades políticas en torno a este error cometido por el PP.
«No vemos tan fácil poder tramitar con carácter de urgencia otra norma legal para rectificar estas medidas», ha detallado este sindicato este miércoles en un comunicado.
El Pi, por su parte, ha pedido la rectificación urgente e inmediata de la Ley de Simplificación Administrativa. «Una equivocación la puede tener cualquiera, pero hay que rectificar de forma urgente», ha manifestado el presidente del partido regionalista, Tolo Gili. El dirigente de El Pi ha insistido en que no se puede permitir que el propio Parlament balear apruebe una ley que elimine el catalán de toda la función pública o que se permita construir en espacios naturales protegidos.
«El Parlament es un auténtico show. Que el PP se deje engañar por Vox no dice demasiado bien del partido que nos está gobernando, y que el resto de la oposición aproveche cualquier cosa para buscar una batalla pública», ha censurado Gili. EFE
No todo han sido críticas: las entidades PLIS Educación, por favor y Societat Civil Balear, adheridas a la plataforma Escuela de Todos, han celebrado este miércoles las enmiendas de Vox a la Ley de Simplificación Administrativa aprobadas este martes el Parlament balear en favor de la «libertad lingüística».
Según estas organizaciones, el PP balear «ha recuperado el sentido común lingüístico» tras un periodo en el que se había «alejado» de las demandas de su electorado en esta materia.
Escuela de Todos considera que las modificaciones aprobadas, con los votos favorables de PP y Vox, suponen una reconciliación de los populares con sus bases y militantes, que «en su inmensa mayoría han venido apoyando el bilingüismo en la enseñanza balear y en el acceso a la función pública».
Estas medidas son «una rectificación» del PP a su «tácito» apoyo a las políticas lingüísticas de la izquierda y del nacionalismo.
Entre los avances celebrados por esta entidad destaca el paso del catalán de requisito obligatorio a mérito para trabajar en la función pública de Baleares.
Precisamente, que el catalán no sea un requisito para trabajar en la Función Pública responde al «compromiso» que el PP asumió en su programa electoral de 2023 y que, hasta ahora, solo se ha aplicado al sistema sanitario debido a la falta de profesionales.
Escuela de Todos también resalta el cambio en la ley de educación del 2022, una norma contra la que el PP votó en contra por marginar el castellano como lengua vehicular y por fomentar un modelo de inmersión en catalán.
El PP Balear lamenta el error y señala que no tendrá ningún efecto
El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha lamentado hoy el error cometido en la votación de ayer en el Parlament, votando a favor de un bloque de enmiendas que se había previsto rechazar, pero ha enviado un mensaje de «tranquilidad, porque ninguna de estas enmiendas aprobadas por error tendrá ningún efecto ni entrarán en vigor, ya que se aprobará un decreto ley para su corrección», tal y como informó ayer mismo el vicepresidente del Govern, Toni Costa.
«Lamentamos el error, que le puede pasar a cualquiera y que nos sabe muy mal, pero el PP es un partido que cuando se equivoca lo reconoce, pide disculpas y corrige, y esto es lo que haremos», ha señalado Sagreras, recordando que «el texto votado ayer no está en vigor mientras no se publique en el BOIB, lo cual tardará unos días y da margen para hacer con calma este decreto ley de corrección para que las enmiendas incorporadas por error no entren en vigor».
En esta línea, el portavoz popular ha reconocido que «la aprobación de la ley de Simplificación Administrativa, para reducir burocracia y agilizar trámites a los ciudadanos y empresas de estas islas, era un compromiso del programa de gobierno del Partido Popular que cumplimos, pero lo hacemos con sabor agridulce» debido a este error en la votación.
Sagreras ha lamentado por otra parte que «la izquierda no quisiera llegar a un acuerdo» para prohibir la construcción de nuevas viviendas y equipamientos en zonas de riesgo, prohibir hacer nuevos urbanizables en zonas inundables y permitir a aquellas viviendas fuera de ordenación en zonas de riesgo poder hacer actuaciones para su protección y seguridad”, ante lo que ha recordado que el vicepresidente del Govern, Toni Costa, ya anunció también su voluntad de aprobar otro decreto ley para incorporar estas modificaciones.
Redacción / EFE
