“Ya no se puede hacer nada, el desahucio tendrá lugar mañana”, explica a Noudiari una mujer, que prefiere no identificarse, tras reunirse esta mañana con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza. Tras meses de dolores de cabeza desde que su familia recibió la carta de desahucio por parte de su casero en agosto, tanto ella como su marido deberán abandonar la casa en la que viven junto a sus tres hijos, de 18, 15 y 3 años, a primera hora de la mañana. Su hermana y sus hijos, de 7 y 5 años, también residen allí.
Después de seis meses en búsqueda activa de un hogar alternativo y temiendo la llegada de la orden de desalojo, la situación actual es crítica: “No tenemos dónde ir”. Al menos por el momento, el núcleo familiar se trasladará a casa de unos familiares, a la espera de encontrar un alquiler que puedan hacer frente. Debido a la crisis de vivienda que existe en Ibiza, que se cobra anualmente a cientos de afectados, son, nuevamente, las redes de apoyo personal las que aportan soluciones ante una situación que adolece de forma desmesurada a la población: el precio abusivo de los alquileres.
El padre de familia trabaja durante todo el año. “En la obra yo no gano mucho, lo que gano son 1.200 euros y haciendo obras extras por ahí, hasta 1.600 llego. El piso lo pagamos a 1.745 euros, aparte de nuestros servicios básicos: la luz, como 400 euros y pico, y el agua, alrededor de 366 euros», explica. Su mujer, sin embargo, trabaja solo durante el verano y en invierno cuida de la hija menor. El año pasado no pudo cobrar la prestación por desempleo, por lo que se “retrasaron con los pagos del alquiler”, admite el afectado.
Después de hablar con su casero y explicarle la situación, en agosto, según relata el matrimonio, ya estaban “al día con los pagos”. Sin embargo, fue poco tiempo después cuando recibieron el aviso de desahucio, por “prescripción del contrato y falta de pago”, indica su abogado.
«Nos pusimos al día con los pagos. Debíamos 6.000 euros, pero el abogado nos dijo que teníamos que pagar 6.000 euros más al dueño del piso. Si ya estamos al día, ¿por qué tenemos que dar 6.000 euros más?, le dije”, explica el hombre. Con un letrado al frente de su caso, y al día, como alegan, de sus deudas, la familia no pensó nunca que la orden de desahucio fuera a prosperar. “Hubo un juicio, pero el abogado no nos hizo presentarnos. Se presentó él en nuestro lugar con un poder de representación que firmamos”, relata contrariado. Sin apelación, a pesar de que la situación afecta a hasta cuatro menores de edad, el juez dictó sentencia.
“No recibimos la orden de desalojo hasta la semana pasada”, critica el afectado, quien decidió ponerse en contacto con la coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Ibiza, Gloria Corral, para intentar remediar la situación. Corral recibió la llamada desesperada de la pareja ayer al mediodía y alertó a la trabajadora social de los Juzgados, quién le comunicó que había recibido una alerta de los Servicios Sociales del Eixample esa misma mañana.
«Contacté a la trabajadora social de los Juzgados y le envié la sentencia para su revisión”, cuenta Corral, quien indica que, efectivamente, en el documento figura una deuda de 6.000 euros en concepto de “rentas o cantidades asimiladas”, que la familia afirma haber pagado. “En casos con menores, debería haberse solicitado un aplazamiento o recurso”, subraya Corral, quien evita opinar del trabajo del abogado que gestionó el caso por “desconocer el fondo de la historia”, y explica que hay precedentes donde los jueces no han considerado la presencia de menores, un hecho que es “preocupante”. Contactado por este diario, el abogado que gestionó el caso en primer lugar asegura haber “seguido el procedimiento indicado”, haber hecho «todo lo posible por la familia» y haberles advertido de lo que pasaría en los próximos meses, una vez celebrado el juicio.
Fuentes cercanas al caso han confirmado a este diario que desde el Juzgado informaron recientemente que el desahucio era inminente, ya que, parece ser: “No se avisó con tiempo, ni de la forma correcta, de que se trataba de un núcleo familiar con menores”. Debido a esta situación, los Servicios Sociales han atendido en los últimos días a ambas familias con carácter de urgencia y, una vez valorado el caso, se les “ofrecerán los recursos o prestaciones disponibles y adecuadas”. En última instancia, los Servicios Sociales valoran la opción de instalar a los menores en un centro de acogida municipal, en el caso de ser necesario.
La abogada, Gloria Corral, explicó ayer a este diario que “para frenar un desahucio, es fundamental un informe de vulnerabilidad, el cual incluye un gran número de documentación que debe presentar la familia”. A pesar de haberse puesto manos a la obra en la tarea, con tan poco margen ha sido imposible preparar el documento, por lo que la familia deberá «recoger sus pertenencias más preciadas y abandonar el piso mañana por la mañana».
