La defensa del exfutbolista italiano Marco Borriello, actualmente vinculado a la UD Ibiza, ha asegurado este martes en la isla que el procedimiento del Juzgado de Instrucción 3 de Ibiza por las obras ilegales en su chalé de la isla “no tiene ya razón de ser”, ya que puede legalizarse a través de la amnistía urbanística balear, algo que, de hecho, ya se está tramitando.
El abogado Victor Soriano i Piqueras se ha desplazado a los Juzgados de Ibiza para asistir a las declaraciones de dos constructores de la isla solicitadas por la Fiscalía en la causa que se sigue contra Borriello por un presunto delito contra ordenación del territorio al ejecutar obras de ampliación y reforma sin licencia en su casa de Es Cubells, invadiendo también un espacio ambientalmente protegido.
La Fiscalía ha pedido una tercera declaración de una arquitecta italiana, amiga de Borriello, que ha solicitado una comisión rogatoria para declarar desde su país.
El abogado ha remarcado que las obras «están en curso de legalización» aunque ha lamentado que desde hace “ya bastantes meses» porque «las administraciones en materia urbanística en la isla de Ibiza son especialmente lentas por la carga de trabajo y por otros motivos», ha destacado en declaraciones a los medios frente a los juzgados de la isla.
También ha defendido que son obras «íntegramente legalizables» porque «ya estarían prescritas» dado que son «bastante anteriores al plazo de 8 años que prevé el decreto».
En cuanto a las declaraciones de los constructores y de la arquitecta, ha criticado que “son consecuencia» de que el Ministerio Fiscal «está explotando una inspección ilegal que se hizo por parte del Consell Insular en el año 2021 en la vivienda de don Marco”.
Según el letrado, la inspección se hizo “entrando ilegalmente” en la casa sin autorización de la propiedad ni de los moradores para “obtener fotografías incluso de estancias interiores y de documentos que estaban en ellas”.
“Lo que está haciendo el Ministerio Fiscal es a sabiendas de que todo eso es fruto del árbol envenenado y que no tiene ningún recorrido ni instrucción en el juicio”, ha cuestionado, y ha denunciado que la Fiscalía busca convertir este procedimiento en una “macro causa que ya se alarga cuatro años únicamente porque don Marco Borriello es un personaje público”.
El abogado ha insistido en pedir el «sobreseimiento libre» porque entiende que “no hay ninguna clase de responsabilidad penal” y que ya es “una cuestión burocrática administrativa de legalización de obras”.
EFE
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