La visita a Ibiza del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha servido para poner sobre la mesa la cuestión capital por la que no hay apenas viviendas disponibles en las Pitiusas para la población residente. El ministro sostiene que se han detectado 7.000 viviendas turísticas sin licencia en Baleares, algo que hay que valorar positivamente, pero que no aporta nada nuevo. Todo el mundo sabe que hay oferta para los turistas, pero no para los trabajadores locales. La pregunta que hay que hacerse es: ¿Qué piensa hacer el Gobierno de España al respecto?
Si el Ejecutivo central quisiera, este problema podría resolverse en poco tiempo. La Agencia Tributaria dispone de herramientas más que suficientes para identificar y sancionar a quienes operan en la economía sumergida del alquiler turístico. No es una cuestión de falta de recursos, sino de voluntad política. Hasta ahora, la administración central ha dejado que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes combatan este fenómeno, con medios escasos y un marco legal desfasado e ineficiente.
El alquiler turístico descontrolado ha contribuido al encarecimiento de la vivienda, expulsando a los residentes de sus barrios y ciudades. El porcentaje de pisos turísticos en Baleares es alarmante y los trabajadores locales destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un alquiler. Además, las comunidades de vecinos se ven obligadas a lidiar con molestias constantes que deterioran la convivencia.
La pasividad del Gobierno central es clamorosa porque hay otros intereses en juego. Mientras las plataformas de alquiler turístico siguen operando con relativa impunidad, las administraciones locales intentan poner parches que no solucionan el problema de raíz. Sin una regulación firme y sanciones contundentes, la especulación continuará, agravando la crisis habitacional.
Ibiza y Baleares en su conjunto necesitan medidas concretas, no más visitas institucionales y promesas vacías. Si se quiere preservar el equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda, es hora de que el Ejecutivo actúe con determinación. Porque con una legislación adecuada y efectiva, que termine con la impunidad de propietarios desaprensivos y con las plataformas comercializadoras haciendo lo que les da la gana, en menos que canta un gallo se solucionaba el problema. Pero parece que no interesa y que nos conformamos con cuatro multas mal contadas que vete a saber si se cobran o no. En lugar de precintar los pisos ilegales y cortar los suministros al día siguiente de la visita de los inspectores.
