Esteban Morelle-Hungría es profesor permanente en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), donde desarrolla su labor en el Departamento de Derecho Penal y Criminología. Especialista en criminología verde, ha centrado su carrera en el estudio de los daños ambientales en ecosistemas acuáticos y la relación entre derecho y medioambiente. Actualmente, es el director del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la UJI, un espacio pionero dedicado al análisis de los impactos ecológicos en el mar y su regulación jurídica. Su trabajo conecta la investigación científica con la práctica jurídica para mejorar la eficacia de las normativas ambientales y promover soluciones sostenibles.
¿Cómo llegó a especializarse en criminología verde y en la protección de los ecosistemas marinos?
Esteban Morelle-Hungría (E.M-H.): Tras iniciar estudios en Ciencias Biológicas, me gradué como Técnico Superior en Salud Ambiental, lo que me abrió las puertas al mundo profesional. Durante dos años trabajé como técnico de laboratorio en microbiología ambiental en Sistemas Genómicos S.L., una empresa pionera en biotecnología. Posteriormente, desempeñé funciones en la administración pública durante varios años, experiencia que me permitió comprender la importancia de contar con mecanismos jurídicos eficaces.
Con esta inquietud, decidí estudiar Criminología y especializarme en el sistema de justicia penal para entender mejor cómo el derecho puede ayudar a prevenir y sancionar los daños al entorno natural. Posteriormente, obtuve el doctorado en Derecho Ambiental y Sostenibilidad en la Universitat d’Alacant donde investigué los nuevos retos en la protección del medio marino. En mi tesis, analicé cómo la criminología y el derecho pueden trabajar juntos para conservar la biodiversidad y mejorar la protección de los océanos. Después de obtener el doctorado, continué mi trayectoria como investigador postdoctoral y, más tarde, aprobé la oposición para convertirme en profesor en la Universitat Jaume I, donde actualmente combino docencia e investigación.
Mi línea de investigación se centra en el análisis del daño ambiental y ecológico causado por actividades humanas en ecosistemas acuáticos. Busco integrar el conocimiento científico con el jurídico para promover normativas más eficaces, especialmente en el ámbito del sistema de justicia penal. Desde la criminología verde, no solo estudiamos los delitos ambientales en sentido estricto, sino también los daños ocasionados por actividades legales que pueden generar un impacto tan grave como los delitos.
¿En qué se diferencia la criminología verde de otras disciplinas ambientales?
E.M-H.: En criminología verde nos centramos en el daño ambiental y ello permite ampliar la concepción del crimen ambiental. Por ejemplo, el vertido de salmuera de las desaladoras no está prohibido, pero afecta gravemente a la posidonia. Desde esta perspectiva, abordamos el problema con una visión ecosistémica y buscamos soluciones más allá de la sanción penal.
¿Cuándo comienza a investigar sobre Ibiza y qué tipo de estudios ha desarrollado aquí?
E.M-H.: Ibiza ha sido un eje fundamental en mi investigación. Al vivir aquí desde 2007, he podido observar de cerca las problemáticas ambientales que afectan a sus ecosistemas marinos. Uno de mis estudios más relevantes se centró en la protección de la posidonia, donde analizamos el impacto del fondeo de embarcaciones y la efectividad de las normativas existentes.
Otro trabajo destacado fue el análisis del impacto de las salmueras de desaladoras en la posidonia, en el marco del proyecto europeo Oceans Crimes Narrative. En este estudio, demostramos que no hay una regulación específica que establezca valores umbral sobre la concentración de sal en los vertidos de salmuera, lo que genera un impacto negativo en especies protegidas. Aunque existen regulaciones generales que exigen estudios de impacto ambiental, la ausencia de valores específicos dificulta una protección efectiva.
¿Qué conclusiones se extrajeron de este estudio y qué impacto han tenido?
E.M-H.: Este estudio puso de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos a tres niveles: mitigación, adaptación y restauración. Por ejemplo, la monitorización de la concentración de salinidad es fundamental pues los estudios apuntan a consecuencias directas y al no tener estos datos no es posible analizar su impacto real. Además, se identificó la necesidad de mejorar la regulación sobre desalación e incluir valores umbral específicos para estos vertidos.
Gracias a esta investigación, logramos visibilizar el problema en espacios como el Foro Marino de Ibiza, lo que nos llevó a colaborar con entidades como IbizaPreservation. Fue precisamente en este contexto cuando surgió la idea de crear un espacio que combinara la investigación, la formación y la divulgación en torno a la criminalidad azul, lo que dio lugar al Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul.
Esteban Morelle-Hungría, durante su participación en el Foro Marino. Foto: IbizaPreservation
¿Cómo surge el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul y cuál es su propósito?
El Aula nace del convenio suscrito entre IbizaPreservation y la Universitat Jaume I de Castellón con el propósito de crear un espacio dedicado a la investigación, divulgación y formación en torno a los daños ecológicos en los ecosistemas acuáticos y las herramientas jurídicas para su protección en Ibiza yFormentera. Su labor se articula en esos tres ejes fundamentales. En primer lugar, la investigación se centra en el análisis de las actividades que generan daños ambientales sobre los ecosistemas marinos pitiusos. que generan impactos negativos en el medio marino. En segundo lugar, la divulgación y transferencia de conocimiento buscan acercar estos estudios a la sociedad para fomentar la conciencia y el compromiso con la protección del entorno marino. Finalmente, el ámbito formativo impulsa el estudio de la criminalidad ambiental tanto en el ámbito universitario como en etapas educativas más tempranas, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a las futuras generaciones en la defensa de los ecosistemas acuáticos. Además, el Aula busca trasladar sus investigaciones a la sociedad y a los gestores de políticas públicas, para que el conocimiento generado tenga un impacto real en la toma de decisiones.
¿Cuál es su misión a largo plazo?
E.M-H.: Queremos que el Aula se convierta en un referente en el estudio de la criminalidad azul en España y que sus investigaciones sirvan para mejorar la regulación ambiental. Nuestro objetivo es generar conciencia, formar nuevas generaciones de expertos en criminología medioambiental y asegurar que la investigación no se quede solo en el ámbito académico, sino que tenga un impacto real en la protección del mar.
Para ello, no solo analizamos los daños ecológicos, sino que también buscamos que este conocimiento contribuya a revertirlos. A través de la investigación, evaluamos el impacto de distintas actividades humanas en los ecosistemas marinos y estudiamos medidas de mitigación y restauración. Además, trasladamos estos estudios a administraciones y entidades responsables, para que puedan incorporarlos en sus estrategias de protección y recuperación del medio marino. La clave está en transformar el conocimiento en acciones efectivas que permitan mejorar la gestión y conservación del entorno marino.
Además del impacto de las desaladoras, ¿qué otras actividades han identificado como amenazas al medio marino?
E.M-H.: La desalación es solo un ejemplo de actividad legal con un gran impacto ambiental, pero hay muchas más que debemos abordar. El ruido submarino, la pesca ilegal, no declarada y la falta de planificación espacial marina son algunos de los principales problemas.
¿Cómo se pueden establecer criterios científicos para una regulación ambiental más efectiva?
E.M-H.: En el ámbito de la criminología verde y del derecho ambiental, nos basamos en el conocimiento científico para definir umbrales ecológicos que nos ayuden a determinar en qué momento una actividad humana pone en riesgo la estabilidad de un ecosistema. Un marco fundamental en este sentido es el enfoque de los límites planetarios, que identifica los umbrales ecológicos críticos que no deben ser superados para mantener el equilibrio del planeta. Estos límites ya han sido cuantificados para diversos procesos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el uso del agua dulce o la contaminación química.
Si logramos integrar estos valores en la normativa ambiental, podremos diseñar leyes más eficaces y basadas en datos objetivos. En el caso de la posidonia y los vertidos de salmuera, por ejemplo, contar con límites claramente definidos permitiría una regulación más precisa y efectiva, evitando interpretaciones ambiguas o medidas ineficaces. Esta visión permite que las decisiones jurídicas no se basen únicamente en criterios abstractos, sino en evidencias científicas concretas que garanticen la protección real de los ecosistemas.
Articulo muy bueno, que debería ser de obligada lectura para los gestores de la cosa pública. Tiene relevancia en lo que se refiere a la disponibilidad de agua dulce y conservación de nuestros acuíferos. Enhorabuena
Toda esta información la conocen…los gestores…pero la ignoran…prevalecen otros intereses.