Entidades cívicas, medioambientales y culturales presentarán este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley balear de simplificación administrativa, por legalizar construcciones ilegales en suelo rústico, y lo harán con el apoyo de los partidos PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca.
El recurso, que presentarán diputados en el Congreso del PSOE, Sumar y Podemos, plantea la inconstitucionalidad de la norma balear aprobada por PP y Vox por dos vías: por considerar arbitrario que el silencio de la administración sea positivo para las licencias de obras y autorizaciones ambientales; porque la regularización no está justificada, es discriminatoria y es la solución más gravosa.
Las entidades han promovido este recurso porque consideran la ley de simplificación una «regresión medioambiental sin precedentes» en Baleares, ha explicado en una rueda de prensa la portavoz del GOB Mallorca, Margalida Ramis, que ha explicado que lo impulsan el GOB, STEI, CCOO, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Amics de la Vall de Coanegra, OCB, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Amics de la Terra y Palma XXI, con el Fórum de la Sociedad Civil.
Ramis ha destacado este «frente común significativo de la sociedad civil», que cuenta con el apoyo de los partidos políticos que pondrán a su disposición a los diputados para poder plantear el recurso del inconstitucionalidad, después de que no prosperara la primera petición del GOB al Gobierno de que recurriera el decreto balear.
En nombre del Forum, Miquel Camps ha incidido en que la ley de simplificación administrativa establece un proceso extraordinario de legalización de edificios ilegales en rustico que «supone una amnistía y la mayor operación especulativa que se ha hecho en Baleares».
Camps ha destacado que el recurso se apoya en que poder legalizar acogiéndose al silencio administrativo es «discriminatorio» hacia los demás ciudadanos que «lo hacen bien y han de esperar trámites más complejos», como también lo es que supondrá una revalorización económica «espectacular» de estas construcciones fuera de ordenación.
«Son edificios con un valor menor porque no son legales y están encaminados a desaparecer, pero al legalizarlos se consolidan, aumentan de precio y mandan el mensaje terrible de que estamos premiando a los infractores», ha incidido Camps.
Jaume Garau, de Palma XXI, ha denunciado el «doble mensaje» del Govern del PP y ha pedido que cambie de discurso y «deje de hablar de sostenibilidad». «Basta de dobles mensajes y doble conciencia», ha proclamado y ha criticado que se han doblado las licencias de legalización en rústico.
El recurso plantea la inconstitucionalidad de la disposición adicional VII de la ley (que legaliza edificios en rústico) y la disposición transitoria IV (que permite hacer usos turísticos de estas construcciones legalizadas).
La socialista Mercedes Garrido ha concretado que el recurso se basa en que considerar positivo el silencio de la administración en la autorización ambiental integrada y en licencias de obras es contrario a la jurisprudencia y a la Ley de Procedimiento Administrativo, y también para la legalización de edificios en suelo rústico.
Alegan que aunque la comunidad autónoma puede legislar en materia urbanística, no puede hacerlo en contra de normativa estatal y ambiental europea.
Señalan una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2024 según la cual no se pueden hacer construcciones que no sean para usos agrarios o que solo puedan estar en rústico, cuando la ley de simplificación establece «una amnistía general», ha añadido Garrido.
También aducen que, según el Constitucional, una legalización extraordinaria se debe justificar, ha de ser la solución menos gravosa para la ciudadanía y no ser arbitraria.
Añaden que la propia ley de simplificación establece otra solución para estas edificaciones que no es tan gravosa como su legalización, al modificar la Ley de Urbanismo y permitir hacer obras de seguridad, salubridad e higiene en edificios fuera de ordenación.
En cuanto a la posibilidad de que las edificaciones legalizadas puedan ejercer actividad turística, alegan que es contraria al principio constitucional de la libertad de empresa por beneficiar a quienes «no han de asumir la legislación turística, muy restrictiva, para ejercer actividad turística», ha criticado Garrido.
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cuestionado los procesos legislativos que ha emprendido el PP, utilizando la fórmula del decreto y con la posterior tramitación parlamentaria del proyecto de ley que «fue catastrófica». Ha denunciado que «este falso tira y afloja entre PP y Vox trabaja por la especulación y contra el marco jurídico».
El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha agradecido que juristas anónimos y voluntarios han ayudado a plantear un recurso de inconstitucionalidad «muy solvente» y ha incidido en que «no es una ley de simplificación es de destrucción del territorio».
Castells ha advertido de que, cuando «parecía que el tiempo de los pelotazos había pasado, el PP vuelve a hacer lo mismo de otra manera», con el mecanismo de «legalizar lo ilegalizable», generando plusvalías a los infractores porque «cuánto peor lo hayas hecho, más ganas, con una normativa absolutamente perversa».
La diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha denunciado que esta medida beneficia «a personas muy cercanas» a Prohens, lo que ha tildado de «impunidad».
EFE
me alegro mucho de este recurso. El pp sigue siendo corrupto.