En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.
En Ibiza, Correa consiguió que policías nacionales vigilaran la vivienda que alquiló durante varios veranos antes de comenzar a levantar su residencia definitiva, asegura el mismo periódico, que atribuye estas afirmaciones a fuentes policiales. Correa consiguió la vigilancia policial a través de su amigo Ramón Blanco Balin, también imputado en la trama. Este último, importante hombre de negocios con cargos de responsabilidad en importantes empresas (fue vicepresidente de Repsol), le presentó a un comisario de Mallorca, que a su vez le puso en contacto con un grupo de agentes de Ibiza que en sus ratos libres querían sacarse un sobresueldo, prosigue la noticia aparecida en 20 Minutos.
Según el diario gratuito, los investigadores del caso nunca pudieron averiguar la identidad de los agentes que aceptaron ‘trabajar’ para Correa, que prefería que se vigilara su chalé de noche, una labor por la que pagaba obviamente en metálico, en negro.
La vigilancia ‘contratada’ por Correa se produjo al menos durante dos veranos, según fuentes solventes. Es común, según fuentes policiales consultadas, que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil algunos agentes quieran sacarse un dinero extra en su tiempo libre efectuando labores de vigilancia para gente que lo paga, algo que está prohibido en ambos cuerpos y puede acarrear una grave sanción.
Los tejemanejes de Correa en Ibiza definen a la perfección cómo era su estilo de vida, siempre cruzando los límites de la legalidad. No solo pagó a policías nacionales para que le vigilaran el chalé que alquilaba, sino que informes aportados al juez Pablo Ruz evidencian que el cabecilla de la trama Gürtel hizo obras ilegales en la casa de la cala San Vicent, trabajos que fueron abonados por un constructor también imputado en la trama, revela 20 Minutos.
Soborno a políticos ibicencos
Además, Correa intentó comprar a políticos ibicencos para que le legalizaran estas obras. Correa adquirió el 7 de julio de 2006 una finca de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan de Labritja. En ellos pensaba construir un chalé de 400 metros. La finca figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, administrada por Blanco Balin, pero quien firmó el contrato adelatando 60.000 euros fue Pablo Crespo, otro imputado. Pero un vecino alemán, un tal Rüdiger Hoffman, denunció las obras por el ruido, prosigue la noticia aparecida en dicho medio.
El Ayuntamiento de Sant Joan descubrió entonces que se había excedido la edificación permitida y decidió paralizar las obras. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa. El chalé tenía varias plantas, gimnasio y piscina y un torreón rojizo. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2013, analiza la «facturación vinculada a la casa de Ibiza».
Correa quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí debía viajar a Denia en camión y después por barco a Ibiza. La empresa que vendía las piedras lo facturaba a Begar, de José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación, imputado por el pago de comisiones a la trama a cambio de contratos; y la firma Teconsa (del grupo Martínez Núñez). Aunque Teconsa y Begar aparecían como clientes, las facturas las abonaba Pasadena Viajes (la agencia turística de la trama Gürtel), que a su vez había recibido los fondos de Special Events (otra empresa de la trama).
Los fondos de Special Events procedían a su vez de Teconsa por la adjudicación del contrato de suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía por parte de la televisión valenciana. Este contrato está siendo investigado por Ruz. En total se emitieron 34 facturas siguiendo este farragoso sistema por valor de 70.200 euros. Es solo un ejemplo. Entre Begar y Teconsa hicieron frente a facturas por valor de 584.000 euros para pagar las obras de la casa de Ibiza. Ulibarri también compró el yate de Correa con facturas falsas, concluye la publicación.