@B.Roselló/La plataforma Airbnb oferta en las Pitiüses un total de 26.915 plazas turísticas distribuidas en 4.716 alojamientos, según han explicado hoy los representantes de Terraferida, Jaume Adrover y Xim Valdivieso.
De estas plazas, en la isla de Ibiza, Airbnb ofrece 4.351 alojamientos y 25.178 plazas, mientras que en la isla de Formentera ofrece 378 alojamientos que suman un total de 1.713 plazas.
Según ha explicado Adrover, la situación de Eivissa es la más grave de todas las Balears por la gran cantidad de oferta existentes. “Cuanto más urbanizada la isla, más penetración hay de Airbnb”, ha señalado.
Más de 92 millones de euros facturados
En relación a la facturación de la plataforma en las Pitiusas, Terraferida estima que Airbnb facturó un mínimo de 92,4 millones de euros, 87 en Ibiza y 5,3 millones en Formentera a través de las 248.529 pernoctaciones registradas. Aún así, Adrover ha explicado que estas cifras pueden ser muy superiores debido a que en muchos casos no se declaran: “Hay un gran número de estas ofertas que declara cero con lo que hay un porcentaje de ingresos extras sobre los 92,4 millones de euros”, ha dicho.
En este sentido, Adrover ha tildado a la plataforma Airbnb de ser la «mejor empresa del mundo» al no contar con trabajadores ni portavoces en las islas y sin pagar impuestos obtiene beneficios de más de 92 millones de euros.
Los comercializadores
En cuanto a los comercializadores de estas plazas turísticas, que desde Terraferida estiman que el 80% podría ser ilegal, el 39% alquila una sola vivienda y aglutina el 34% de los ingresos. El 28% alquila entre dos y cuatro inmuebles con un 24% de los ingresos. El 28% de alquila entre 2 y 4 alojamientos y obtiene el 24% de los ingresos. El 14% alquila entre 5 a 10 alojamientos y obtiene el 17% de los ingresos. El 5% alquila entre 11 a 20 alojamientos y obtiene el 9% de los ingresos y, finalmente, el 11% alquila más de 20 alojamientos y obtiene el 13% de los ingresos.
Marco y sus 85 viviendas
Después, según ha apuntado Adrover, hay ejemplos en los que un mismo perfil puede llegar a alquilar unos 85 inmuebles. Este es el caso de un «tal Marco», que según indican es un perfil que se desconoce su identidad. “Los 20 comercializadores que más viviendas alquilan en Ibiza reúnen el 20 por ciento de la oferta total”, ha señalado Adrover. En este sentido, han resaltado que cuantas más viviendas acumulan «más se disparan los ingresos». De hecho, los grandes comercializadores (es decir, que gestionan más de una vivienda destinada a alquiler turístico) concentran el 65% de los ingresos.
Por otro lado, han destacado la estrategia de Airbnb de poner al frente a los pequeños comercializadores- que pueden ser propietarios o no del inmueble- mientras que los que acumulan gran parte de la oferta no están identificados.
Precios que triplican los de Mallorca y Menorca
En relación a los precios, Adrover ha destacado la situación “extraordinaria” de las Pitiusas, donde los precios se triplican en comparación con la media de Mallorca y Menorca. En este punto ha destacado la existencia de una vivienda, de la que se desconoce su ubicación, que se alquila por 9.300 euros la noche.
Desde Terraferida han recordado que estas cifras son solo de la plataforma Airbnb con lo que la oferta es mucho más elevada si se tienen en cuenta otros portales. «Los datos obtenidos de Airbnb y su distribución dan una idea de la magnitud del fenómeno del alquiler turístico en las Islas, que ya tiene consecuencias sociales y ambientales enormes”, han señalado.
«Ejército» de inspectores
Desde Terraferida han apuntado que estos datos y el mapa se entregarán a la Conselleria de Turismo. «Ante la magnitud de este fenómeno y sus consecuencias, nuestras entidades solicitan al Govern que decrete una moratoria y detenga la concesión de nuevas licencias, que se revisen las ya otorgadas a viviendas con infracciones urbanísticas, que establezca un techo global de plazas turísticas y que renuncie a legalizar el alquiler turístico a las viviendas plurifamiliares mediante la nueva Ley de Estancias turísticas». Además, apuntan la necesidad de que haya un «ejército» de inspectores para poder «parar» toda esta situación y perseguir el fraude existente.
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