El Pleno del Consell de Ibiza ha aprobado hoy la implantación del procedimiento extraordinario previsto en la Ley 7/2024, con el objetivo de regularizar edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico, siempre que cumplan criterios de sostenibilidad, integración paisajística y respeto por la ordenación territorial.
Esta decisión es fruto de un trabajo coordinado entre los cinco ayuntamientos de la isla y el Colegio Balear de Arquitectos, que han mantenido varias reuniones para homogeneizar los requisitos que se exigirán en la aplicación de la normativa, garantizando así criterios comunes y coherentes en todo el territorio insular, explican desde la máxima institución insular.
Concretamente, se ha acordado que para acogerse a este procedimiento, será necesario revertir los jardines tropicales o de alta demanda hídrica, por jardines en base a especies de baja demanda hídrica y de estética mediterránea concordantes con el paisaje tradicional ibicenco; la instalación de un sistema de depuración de aguas adecuado en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares; un depósito de recogida de pluviales; eliminación del amianto; pintado de todos aquellos cierres en la parcela, incluidos los de las edificaciones y construcciones, que cuentan con acabados vistos del tipo simplón, bloque de hormigón, etcétera y medidas relativas a la reducción de la contaminación lumínica de acuerdo con aquello previsto en la Ley 3/2005, de 20 de abril, de Protección del medio nocturno.
Además, se han establecido unas bases para imponer prestaciones económicas que se destinarán a la gestión sostenible de recursos naturales y a la dotación del patrimonio municipal de suelo, contribuyendo a la preservación ambiental y paisajística de la isla. Esta iniciativa busca abordar de manera ordenada las situaciones anómalas y consolidar un entorno jurídico seguro para los propietarios afectados.
Con esta acción, el Consell Insular «refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la integración del territorio», proporcionando en los ayuntamientos una herramienta efectiva para gestionar y legalizar construcciones existentes de manera coherente. El procedimiento extraordinario empezará a contar su plazo de tres años a partir de la publicación del acuerdo plenario en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
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