La recogida de personas para acceder a chárteres náuticos en puntos no habilitados para ello está prohibida y se multa con sanciones de hasta 6.000 euros. A pesar de ello, muchas empresas que ejercen esta actividad en Ibiza no cumplen con este requisito. Uno de los puntos con mayor tráfico ilegal de pasajeros es el Parque Natural de ses Salines, un espacio protegido que se ha convertido en epicentro de este negocio irregular en la isla durante los últimos años.
Este sábado, sin ir más lejos, una empresa del sector embarcaba sin reparo alguno a un numeroso grupo de turistas en la playa de es Cavallet, que, junto a la de ses Salines, es uno de los ‘puertos’ empleados de forma habitual por estos barcos. Ocurría a primera hora de la mañana, como se aprecia en la imagen que acompaña estas líneas, pero no fue el único de la jornada. Situaciones como esta se repiten a diario y constantemente en diferentes playas y calas de Ibiza.
En 2020, la Direcció General de Transport Marítim y Aeri de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, en colaboración con otros organismos públicos con competencias de control y vigilancia del dominio marítimo, pusieron en marcha dispositivos de inspección de las embarcaciones de recreo para evitar que se llevaran a cabo actividades de alquiler náutico sin cumplir los requisitos legales para poder hacerlo. Algo que se ha repetido desde entonces todos los veranos en la comunidad balear pero que, sin embargo, no ha conseguido poner fin a este tipo de irregularidades.
En 2021 y 2022, la Direcció General de Transport Marítim incoó un total de 64 y 100 expedientes sancionadores, respectivamente, por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo en todo el archipiélago. Una cifra que, a pesar de multiplica por cuatro el número de expedientes que se abrieron en 2019 (18) y en 2020 (15), parece irrisoria en vista del volumen de negocio que se mueve en este sector únicamente en los dominios del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.
Las multas económicas impuestas no han tenido hasta el momento un factor disuasorio, puesto que en algunos casos sale a cuenta arriesgarse. Por ejemplo, un chárter náutico multado por realizar sin autorización una actividad comercial y, por lo tanto, de carácter lucrativo, de chárter y transfer de personas entre las embarcaciones y la costa, utilizando como puerto base la playa de Ses Salines, fue sancionada en 2020 con 6.001 euros.
La compañía reconoció la responsabilidad derivada del procedimiento sancionador y por pronto pago de la sanción, se le aplicó una reducción del 40% del importe total, por lo que la multa se quedó en 3.600,60 euros pese a tratarse de una infracción tipificada como grave (Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental, LECO).
No sólo el tráfico de la lancha auxiliar llevando clientes, sino que la mayoría trabajan en negro, no pagan impuestos pero sí que dejan la basura en los contenedores o papeleras. Muchos luego se van a Latinoamérica después de ganar por lo que el mismo no se lo gastan aquí además del dañó que causan con su contaminación
Lo primero que deberían ver las autoridades es, porque se venden 700 licencias de charter, si solo hay 400 plazas de amarre. Que para cobrar el consell, no pone pegas. También porque no hay amarres de cortesía para estos casos en los que ellos venden las licencias sin poder dar servicio. Pero claro los malos son los que pagan y no los que cobran