@Noudiari/ Punto y final a lo que comenzó en 1996. Técnicos de una la empresa de demolición Herri Berri han entrado esta mañana a las 8.30h en la construcción ilegal de Puig d’en Serra, en la zona de es Cubells, para dejar el inmueble listo para su derribo. Los operarios han iniciado el proceso para extraer los muebles, los cristales y todo aquello que hay que retirar antes de echar la vivienda abajo. Está previsto que el proceso para derribar la estructura del edificio se inicie en pocos días. El Ayuntamiento de Sant Josep no ha podido ponerse en contacto con los propietarios de la casa aunque en el interior del edificio se encontraba el empleado que se encarga del mantenimiento de la casa durante los meses de invierno.
En julio de 2013, el GEN se personó en los Juzgados para instar a la Administración a que se ejecutara la sentencia que determinaba la demolición de este edificio, cuya ilegalidad fue denunciada por los ecologistas en 1996 por tratarse de una obra enclavada en un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Además, esta construcción está ubicada en la cima de la montaña, un emplazamiento prohibido por la Ley de Espacios Naturales. Recordemos también que la licencia que otorgó en su momento el Ayuntamiento de Sant Josep -con José Serra Escandell como alcalde- era de 100 metros cuadrados, y finalmente se ocuparon 400 metros cuadrados.
El Juzgado de Primera Instancia determinó su ilegalidad en 2004 y del Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó en segunda instancia la sentencia. No obstante, se ha tardado una década en hacer efectivo el derribo de esta polémica vivienda.
El GEN exige responsabilidades
El GEN se ha congratulado del inicio de la demolición del edificio aunque recuerda que la sentencia del TSJ también obliga al Ayuntamiento a “incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas” al ser licencias constitutivas de una infracción urbanística grave.
Una responsabilidad que apunta a los miembros de la Comisión de Gobierno que en su día aprobó esta licencia anulada y a quien, según el GEN, se debería trasladar “la obligatoriedad de asumir los gastos que pueda tener el Ayuntamiento por la demolición, así como el pago de las posibles indemnizaciones”. Una responsabilidad que, según los ecologistas, quedó establecida en la sentencia de la Audiencia Provincial (90/2007) que concluyó que el delito urbanístico había prescrito, pero que “el pronunciamiento absolutorio se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden, tanto administrativo-sancionadoras como civiles y de los perjuicios que éste ha irrogado tanto a la propia administración pública como a los propios administrados”.
Así, el GEN considera que si el Ayuntamiento de Sant Josep no reclama esta responsabilidad económica a los responsables de la licencia ilegal de la casa de Puig d’en Serra “podría cometer un delito de malversación de fondos y prevaricación” y asegura que instará a los juzgados que ejecuten también esta parte de la sentencia, acudiendo a la via penal si es preciso.
las responsabilidades económicas para los que otorgaron la licencia no son «Según los ecologistas», lo dice la sentencia muy clarito. pero mucho , mucho