@Noudiari/ La consellera balear de Serveis Socials, Fina Santiago, ha asegurado que en Eivissa, desde 2007, 1.117 personas han recibido ayudas por la ley de dependencia, según ha indicado en una entrevista ofrecida a Radio Ibiza SER.
Foto: Javier Durán
En este sentido, Santiago ha señalado que en el histórico, desde la implantación de la ley de dependencia, en 2007, se han recibido 1.785 solicitudes de las que 1.683 personas han sido valoradas. De estas valoraciones 1.361 fueron reconocidas como personas dependientes. En esta línea, 1.117 ya han recibido ayuda económica, centro de día o residencia mientras que quedan otras 200 solicitudes que se encuentran en trámite.
Además, la consellera balear también ha augurado que en el primer cuatrimestre de 2016 está previsto que todas las plazas de la residencia y centro de día de Can Raspalls, en Sant Jordi, estén disponibles. En cuanto a la residencia de Sant Antoni, se mantendrá la gestión privada, según ha indicado, con el fin de cumplir con el contrato firmado en la pasada legislatura.
En relación a la transferencia al Consell d’Eivissa de la gestión sociosanitaria de las tres residencias de Eivissa, Santiago ha recordado que la máxima institución insular es la única no tiene estas competencias, a diferencia de Mallorca o Menorca, que cuentan con estas competencias desde 2012. Para Santiago, deberá ser el Consell quien decida cuándo quiere asumir estas compentencias, «cuando se estabilice y coja seguridad», ha apuntado. La consellera balear ha asegurado que el Consell tiene «esta inseguridad» debido «a la experiencia anterior».
Por último, Santiago también ha anunciado la implantación de la renta social garantizada. Esta renta social estará destinada a las familias que no cuenten con ingresos durante algunos meses y se ha priorizado a las familias donde haya menores. Para esta partida, el Govern destinará 20 millones de euros durante el próximo año y se ofrecerán 550 euros a aquellas familias de dos miembros, cantidad que se irá incrementado en función del número de integrantes en la familia.
Santiago estima que en Balears puede haber entre 3.000 y 4.000 familias vulnerables que aumentaría hasta las 9.000 o 12.000 personas. De estas cifras, la consellera balear de Serveis Socials estima que el 11% corresponde a las Pitiüses.
