Deudas, sentencias e intereses de demora ahogan el presupuesto de Sant Antoni

@L.Aversa/Sant Antoni debe diseñar sus presupuestos haciendo malabares y la situación no tienen visos de mejorar, por lo menos, hasta 2022. El Consistorio tiene sus cuentas ahogadas por sentencias judiciales, por deudas  financieras e intereses de demora. Además, reclamaciones por 30 millones de euros amenazan las arcas de la institución. De momento, estas últimas son obligaciones no reconocidas, aunque algunas ya han llegado a los tribunales.

El concejal de Hacienda, Fran Tienda, defiende que a pesar de la situación, se ha hecho «un presupuesto muy eficiente», que no deja «nada por cubrir», pero reconoce que la deuda municipal y el Plan de Ajuste que debe cumplir el Consistorio «recortan la posibilidad de inversión». «El Plan de Ajuste nos tiene secuestrado el presupuesto», asegura el edil, para quien la situación se agrava «cuando caen sentencias millonarias» contra la institución.

«No nos podemos meter en un ninguna gran infraestructura. Sí podemos gestionar bastante bien el día a día, pero es verdad que esta situación económica nos impide realizar los grandes sueños que tenemos como equipo de gobierno», ha explicado.

El presupuesto de Sant Antoni para este año sólo sube un 0,73% hasta alcanzar los 25.977.100 euros. Los «grandes sueños» como construir un auditorio, al igual que ya tienen casi todos los municipios de la isla, tendrán que esperan.

9,1 millones de deuda financiera

La deuda financiera del Consistorio de este año asciende a 9,1 millones: 6,2 millones por un prestámo y 2,8 millones que debe a la empresa pública OSSAN.

Para saldar parte de la deuda de 6,2 millones de euros, en el presupuesto de 2017 se destinarán 1,3 millones de euros para amortización. A final de año, ascenderá a 4,9 millones.

Esta deuda proviene de un préstamo de 7,5 millones de euros que la anterior alcaldesa, Pepita Gutiérrez, pidió para saldar la millonaria deuda del Consistorio con los proveedores, que ascendía a esa cantidad. El Consistorio se acogió al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno central para pagar a las empresas, un préstamo que le obliga a un Plan de Ajuste, que le impide aumentar su presupuesto en más de un 1% hasta 2022.

La segunda parte de la deuda financiera es con la empresa pública Obras y Servicios Sant Antoni S.A. (OSSAN) y asciende a 2,8 millones de euros. Según el concejal, OSSAN es la propietaria de la sede municipal, del Espai Jove y se encarga de la gestión de Can Coix. Además, en su momento, pidió un crédito para el Consistorio, porque la institución no podía. En total, este año se amortizarán 200.000 euros, que rebajarán la deuda a 2,6 millones.

Sentencias judiciales

Pero la losa más pesada para el Consistorio son las sentencias judiciales urbanísticas que van saliendo en su contra, la última este mismo año. Son expropiaciones y convenios incumplidos que obligan a Sant Antoni a pagar cientos de miles de euros a propietarios.

Las más importantes son las sentencias por terrenos en Loma Pinar, cerca de Cala Salada, que según ha explicado Tienda, viene de una gestión del anterior alcalde José Sala, que recalificó estos terrenos y los convirtió en zona verde.

Ahora, los juzgados están dando la razón a los dueños de los suelos, y obligan a Sant Antoni a pagar casi tres millones  de euros por las tres parcelas: 773.160 por una, 1.049.000 euros por otra, y casi otro millón por la tercera.

Otra deuda de casi 600.000 euros (470.000 euros más 124.569 de intereses) es con los propietarios de la parcela del centro social de Santa Agnès. En su día se firmó un convenio para que el dueño cediera parte del terreno para la construcción del centro a cambio de derechos urbanísticos junto a esta parcela. Sin embargo, el entorno de protección de la iglesia impide edificar el terreno, por lo que ahora el Consistorio debe indemnizarle.

A estas sentencias, se le suma una deuda con Abaqua de 1,9 millones, por las diferencias sobre el precio del agua, un conflicto que también afecta a otros consistorios.

En total, Sant Antoni debe otros 5,6 millones de euros en deudas reconocidas. De momento, por las sentencias, Sant Antoni afrontará unos 800.000 euros con su presupuesto de este año.

Intereses y reclamaciones por 30 millones

Como si fuera poco, a la deuda financiera y a las sentencias, se le suman 700.000 euros en intereses de demora por diferentes conceptos como la urbanización de Can Coix (282.149 euros), las expropiaciones de la terminal de autobuses (143.359 euros) y demoras el pagos con la contrata de limpieza FCC (28.000 euros).

Y como amenanza, tiene reclamaciones aún no reconocidas por un total de 30 millones de euros. La más cuantiosa, 20 millones de euros, corresponde a la reclamación por responsabilidad patrimonial por la demolición de la casa Cretu.

Otra reclamación cuantiosa asciende a 9 millones de euros por una parcela de Sant Rafel, que se iba a expropiar en 2004 para hacer viales, zonas verdes y paseos, y cuyos propietarios aún reclaman su expropiación.

Parte de estas reclamaciones están sobre la mesa del Consistorio pero otras ya se están debatiendo en los juzgados. Habrá que ver si también se suman a la deficitaria herencia que pesa sobre las arcas de la institución.