El acuerdo PP-VOX para la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares para 2024 incluye la supresión de las ayudas a las patronales y sindicatos de las islas, una decisión que se ha hecho pública tras el acuerdo. Esto implica la retirada de 400.000 euros en ayudas, que en la mayor parte van destinados a programas de formación de trabajadores, asesoramiento de empresas y mejora del tejido empresarial y de su competitividad.
Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef de Ibiza y Formentera y de la Pimeb balear, ha expresado al respecto «nuestro desacuerdo con la medida». «Esperamos a la reunión que tendremos con el Govern, en la que nos comunicarán la decisión de retirar la asignación a la que tenemos derecho como agente social miembro de la mesa del diálogo social», apunta a consultas de este medio.
La Pimeb está «reconocida en Baleares como asociación empresarial más representativa y como tal, participa en el diálogo social en Baleares. Igual que los partidos políticos tienen derecho por ley a fondos públicos para desarrollar su cometido, los agentes sociales, también», añade el también empresario.
También ha reaccionado la patronal CAEB, que recuerda que las ayudas públicas del Govern balear «se destinan para financiar proyectos específicos cuyo fin es mejorar la productividad de las empresas de las islas y personas trabajadoras».
«La productividad empresarial lleva cayendo desde finales del siglo pasado en Baleares y es una de las asignaturas pendientes de la economía balear para seguir creciendo y generando más empleo y de mayor calidad», advierten.
En cualquier caso, a la espera de recibir el texto que finalmente se apruebe, desde esta patronal respetan la decisión que adopte el Parlament de les Illes Balears y afirman que seguirán trabajando «en beneficio de las empresas de Balears con la independencia política y económica con la que lo venimos haciendo desde hace 46 años».
CCOO y UGT lamentan que Prohens «haya cedido al chantaje de Vox»
Por su parte, CCOO y UGT han lamentado en un comunicado conjunto que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «haya cedido al chantaje de Vox», y han alertado de que esta decisión «pone en tela de juicio la viabilidad del diálogo social autonómico«.
Ambos sindicatos han manifestado que el hecho de suprimir dicha subvención responde «al intento de criminalizar, por parte de la ultraderecha, la acción sindical que ejercen los sindicatos de clase».
UGT y CCOO no entienden que el Govern, en manos del Partido Popular, «pretenda profundizar en la vía del diálogo social y al mismo tiempo hacer el juego a extrema derecha» y han advertido de que «no es posible sorber y soplar al mismo tiempo».
Así, han lamentado que el tono moderado y conciliador de la presidenta Prohens hasta hoy «se ha visto truncado al haberse convertido en cómplice de las malsanas intenciones de Vox en contra de los trabajadores de las islas y de sus representantes elegidos democráticamente en las elecciones sindicales».
Para los dos sindicatos, el problema no es tanto el valor económico de la subvención como la necesidad de «evitar la construcción de un marco ideológico rayano en el franquismo en contra de los sindicatos de clase. «Únicamente persigue desprestigiarnos y desactivarnos frente a la sociedad», han afirmado.
Un acuerdo cerrado in extremis
PP y Vox han logrado in extremis cerrar un acuerdo para aprobar los presupuestos de la comunidad para 2024 que recoge todas las enmiendas exigidas por el partido de Santiago Abascal, incluidos 20 millones para la elección de lengua en los colegios y suprimir 400.000 euros de subvenciones a patronales y sindicatos.
El acuerdo lo han anunciado este lunes los portavoces de los dos grupos parlamentarios, en ruedas de prensa por separado, la víspera del inicio del debate de los presupuestos en la cámara balear.
Con el acuerdo, los 7 diputados de Vox se suman a los 25 que tiene el PP en el Parlament balear (los mismos que suma la izquierda). Finalmente, el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, de Sa Unió, ha anunciado este lunes que también apoyará al PP tras conseguir para su isla una partida de 2,5 millones, después de mantener durante semanas en duda su sentido del voto.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado con «humildad» que su partido no cuenta con la mayoría absoluta para aprobar los presupuestos, por lo que era imprescindible contar con el apoyo de Vox. El acuerdo para los presupuestos deriva del pactado con Vox al inicio de legislatura con 110 medidas.
La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha vuelto a citar la «aritmética parlamentaria» y ha proclamado que «la gobernabilidad no puede depender de tránsfugas ni de supuestos chantajistas», ha dicho sobre Córdoba sin mencionarlo.
El acuerdo entre el PP y Vox incluye también una subida del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio a 3 millones de euros, que el PP ha justificando asegurando que «no representa ni un 1 % de los ingresos del Govern».
Además de los 20 millones para financiar el programa piloto de libre elección de lengua, también ha generado polémica la supresión de las subvenciones nominativas a patronales y sindicatos. Los secretarios generales de UGT y CCOO habían pedido públicamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que les protegiera de Vox.
Habrá también 200.000 euros para reforzar la plantilla de los inspectores de educación «para asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamientos», ha dicho la portavoz del partido de extrema derecha.
Por otra parte, el Govern deberá contratar una auditoria de legalidad y gestión eficiente de las empresas y entes públicos autonómicos, «para eliminar los que no reporten beneficios para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, duplicado o con fines ideológicos».
El acuerdo cambia también la postura del Govern en relación con la promoción turística, al destinar 1,4 millones a los expositores de Baleares en ferias de turismo e incluye varias partidas para infraestructuras educativas, sanitarias y de depuración de agua.
Se aplicará una cuota cero para nuevos autónomos (2 millones), habrá ayudas a comercios emblemáticos (200.000 euros) y para el aparcamiento gratuito en los comercios del centro de las ciudades (500.000); un plan de ayudas para la conservación de oficios tradicionales del mundo rural (700.000), un programa cheque formación para desempleados (1,5 millones) y ayudas para el fomento del relevo generacional en el sector agrícola por 1 millón.
A la creación de la oficina de defensa para las víctimas de okupación ilegal y ayudas a sus víctimas se dedicará 1 millón y 3 millones para el programa alquiler seguro.
La oposición (PSOE, MÉS y Podemos) ha criticado este «chantaje» de Vox al PP para mantener a Prohens en el poder y ha denunciado que se empleen 20 millones de euros de las arcas públicas para la «segregación lingüística» en los colegios.
Redacción / EFE
Es inspectors fan més falta a altres àrees que a imposar es règim dels bocs a ses escoles.
Així és…em pareix que es PP no tornarà a guanyar a Balears…
Ya veo a los sindicalistas sin gambas.
En breve veremos los ERES en los burdeles y tiendas de marisco de las islas. Maravilla …¡ Y @Joanet… más bien será al contrario, putero .
no es que simpatice mucho con vox, pero esta vez todo lo que han pedido (excepto los inspectores de educacion) no me parece tan estrambotico, los comegambas no necesitan ningun tipo de nada….
eso está bien…pero lo de los 20 millones para un chiringuito para el español…es vergonzoso! servirá para enchufar a todos sus amigos!! se quita de un sitio y se pone en otro, jugar y despilfarrar con dinero público de todos en inventos que no hacen falta para nada. Alucinante que el PP haya aceptado esto, les va a perjudicar en las próximas elecciones…no van a volver a ganar porque ya se ha visto el plumero.