@Noudiari/ La consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, ha culpado al PP de las deficiencias denunciadas por los familiares de la residencia de Sa Serra, en Sant Antoni, que han provocado que la Guardia Civil investigue las instalaciones y su funcionamiento a propuesta de la Fiscalía, según publican varios medios de Eivissa.
Para Jurado, «esto es una consecuencia del modelo del PP basado en la privatización de la gestión de la dependencia; externalizar unos servicios tan delicados como es la atención de la gente mayor en situación de dependencia es un error gravísimo, que perjudica a la ciudadanía más vulnerable para enriquecer a unos pocos»; ha señalado.
Desde el Consell aseguran que tenían constancia de estas quejas de los familiares y de hecho, la consellera había mantenido conversaciones con algunos de los familiares. Lo que ignoraban desde la máxima institución insular es la investigación abierta por la Fiscalía.
Desde la formación Podemos-Eivissa han mostrado su «profunda preocupación» por las quejas realizadas por parte de los familiares de los internos de la residencia geriátrica de Sa Serra. Unas quejas sobre el mal servicio que ha ofrecido la empresa concesionaria, que según señalan, se vienen produciendo desde la inauguración de este centro, en el año 2014.
Según Podemos-Eivissa, esta situación es «la consecuencia lógica de una política que impulsó el Partido Popular basada en la privatización de todos los servicios públicos, incluídas áreas tan sensibles como la sanidad o la atención a la dependencia». «Cuando la atención pública a las personas mayores en situación de dependencia, se delega y se privatiza y se deja en manos de empresas que buscan únicamente el lucro, la consecuencia lógica son las situaciones que se han vivido en Sa Serra», critican.
Perjuicio para la ciudadanía
Desde Podemos recuerdan que fue el Partido Popular «de los señores Bauzá y de Vicent Serra, que fueron los que apostaron por el modelo ‘externalizado’ de gestión de esta residencia, no cree en lo público, jamás lo ha hecho, y las consecuencias de esta patología son claras y evidentes, y han redundado en el perjuicio de la ciudadanía y, lo que es peor, en perjuicio de las personas más vulnerables».
Por todo ello, desde la formación consideran «imprescindible» que el Govern balear recupere la gestión directa de la residencia de Sa Serra «y que se pase página definitivamente de esta era nefasta en el que la atención a la dependencia se transformó en una oportunidad de lucro para unos pocos».
PSOE y EU
Desde la Federación Socialista de Eivissa (FSE) también han querido mostrar su «indignación» en relación a la situación derivada de la gestión de la residencia de Sa Serra en San Antonio donde, «por desgracia, se confirman las deficiencias en cuanto la atención de un número significativo de residentes, tal y como se desprende de las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Ibiza ante las denuncias presentadas por los familiares en los últimos tiempos».
Además, han querido mostrar su apoyo a los residentes y familiares que están sufriendo esta situación «totalmente injustificada y que, entendemos, se haya podido evitar con un modelo de gestión público y no privatizando esta gestión, poniéndola en manos de una empresa externa como ha sucedido».
Desde la FSE han pedido el «rescate inmediato en cuanto la gestión de la residencia de Sa Serra para que ésta deje de estar en manos privadas y para que sus usuarios no vuelvan a sufrir una situación como la actual», han puntualizado.
El coordinador de Esquerra Unida en las Pitiüses, Artur Parrón, por su parte, ha criticado que la concesión a la emperra privada Novaedad se hizo » sin garantías y con una baja temeraria, que ya hacía suponer que no estaría en condiciones de prestar el servicio que tenía encomendad».
Parrón, a la vista de los hechos, celebra la diligencia con la que ha actuado la Fiscalía, pero considera «inaceptable que se haya tenido que llegar a este punto por la falta de actuación de la administración autonómica». Al mismo tiempo, valora muy positivamente la actitud de los familiares de las personas internas que, ante la inacción administrativa, no se ha resignado y ha recurrido a la Fiscalía.
«Esperamos que se depuren las posibles responsabilidades penales si se demuestra que se ha dado un trato degradante a las personas internas, pero exigimos una intervención inmediata y radical por parte de la Conselleria: se debe rescatar la concesión y pasar a gestionar la residencia con carácter público desde ahora mismo, de ninguna manera se puede permitir esperar la finalización del contrato», ha señalado.
Por ello, Parrón cree que se «debe actuar ya» y exige que se «revise sin demora la gestión de las otras residencias de las Islas que están gestionadas por la misma empresa o por otras empresas privadas y que se elabore un plan de recuperación del conjunto de residencias».
No a la privatización
Por último, desde Esquerra Unida han querido manifestar su «oposición a la política de privatizaciones de servicios muy sensibles como son la sanidad o la atención a la dependencia, que siempre que se producen, provocan una degradación del servicio». «No hay ninguna razón de carácter asistencial y ni siquiera económico para estas privatizaciones, los motivos siempre son espurios y oscuros. Sorprende el empeño del PP en la vista de lo ocurrido en la Residencia Can Blai de Santa Eulalia, que también tuvieron que rescatar tras provocar sufrimientos graves a los internos ya sus trabajadores, pero también sorprende la falta de diligencia de un gobierno progresista, que debería haber actuado mucho antes y con más contundencia», puntualiza.
El Govern recuperará la residencia antes de final de año
La consellera balear de Serveis Socials i Cooperación, Fina Santiago, ha apuntado en declaraciones a Radio Ibiza SER que el contrato con la empresa se extinguirá a finales de noviembre, por lo que el ejecutivo balear volverá a recuperar la gestión de las instalaciones de Sant Antoni antes de finalizar el año.
