El Consell de Ibiza ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos tras conocer la condena a tres años y medio de cárcel por abusos sexuales al propietario de la empresa mallorquina de detectives Intelligencia Pro Justitia que han contratado este año para infiltrarse en fiestas ilegales con el objetivo de abortarlas y que todavía no ha comenzado a prestar el servicio.
Tal y como avanzó Noudiari el viernes, J. C. D, administrador único de la empresa, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Palma tras encontrar probado que abusó sexualmente de una mujer de 29 años en 2017 cuando él tenía 56 años al practicarle sexo oral, introducirle la lengua en la vagina y manosearle los pechos cuando ella estaba en estado de embriaguez tras una cena a la que asistieron juntos. Se trata además de una condena ratificada, ya que J. C. D ya fue condenado el año pasado por los mismos hechos (febrero de 2023) pero la víctima recurrió alegando que no se habían tenido en cuenta pruebas como la presencia de saliva del acusado en su zona genital.
Desde el Consell de Ibiza explican que han puesto el tema en manos de sus juristas para estudiar qué sucede con el contrato con la empresa, por importe de 51.836 euros más IVA.
Desde que tuvieron conocimiento de los hechos, el Consell ha realizado «las consultas pertinentes a los servicios jurídicos y ayer mismo remitimos un escrito al administrador de la empresa para que en un plazo de cinco días hábiles aporte la información fehaciente y suficiente respecto de la situación procesal interesada».
Así, la institución está a la espera de que contacte con ellos y aclare este punto. «Paso a paso», los juristas irán asesorando al Consell sobre las medidas a tomar en este tema.
Pero que fantas son estos del consell