El Consell Insular d’Eivissa ha presentado hoy el Reglamento de Simplificación Administrativa, agroestancias y alquiler de habitaciones en casas pagesas de la isla de Ibiza que ha sido abordado en el pleno de la institución con los votos favorables de PP, Ciudadanos, Marta Díaz y, en contra, del PSOE.
El objetivo es «aumentar la competitividad de la economía de Eivissa ante la crisis y, a la vez, evitar el abandono del paisaje y del patrimonio», según ha argumentado en el pleno el conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan.
«La existencia de procedimientos redundantes a la administración genera problemas como cargas innecesarias y duplicidades», ha explicado.
Según el equipo de gobierno el objetivo es «acelerar la recuperación económica de Ibiza», en un momento delicado como el actual.
«Ahora el Consell Insular debe ser un órgano de buen gobierno, y no un obstáculo a la inversión privada», ha indicado Juan.
Por otra parte, el mismo texto propone «un pacto por la custodia del territorio, según el cual la administración insular compensará a los propietarios que custodien en buenas condiciones el paisaje, el patrimonio y el arraigo de las familias a las tierras, fincas y casas payesas de nuestra isla «. Por ello se propone la regulación de las agroestancias y del alquiler turístico de habitaciones en casas payesas, a fin de «convertir el campo de Ibiza en una actividad rentable».
Las medidas de supresión y reducción de cargas administrativas se dividen en tres grandes bloques: habitabilidad, urbanismo y patrimonio.
En referencia al primero, este reglamento elimina «de facto» las cédulas de primera ocupación y las integra en la licencia municipal de primera ocupación.
Además, elimina el certificado municipal de final de obra «que sólo servía para pedir las cédulas de primera ocupación», ha justificado el conseller.
En cuanto a las cédulas de renovación y carencia, este reglamento reduce a la mitad el plazo de resolución, a sólo un mes, y simplifica la documentación a presentar, dejando en manos de colegiados profesionales la certificación de la antigüedad y la habitabilidad de un inmueble que, hasta ahora, tenían que hacer los ayuntamientos. Los consistorios, por el contrario, sólo tendrán que certificar que no existen expedientes urbanísticos.
En cuanto a urbanismo, este reglamento elimina la necesidad de licencia previa haciendo un sistema de comunicación previa para rehabilitaciones, reformas, restauraciones y consolidaciones de inmuebles no catalogados que no estén en suelo protegido; agrupaciones de fincas, cierres urbanos, demoliciones de edificaciones en estado de ruina inminentes; dotación a un solar de infraestructuras como aceras o luminaria urbana; instalación de placas fotovoltaicas y estaciones de carga de vehículos eléctricos y obras de conservación y reparación de inmuebles en suelo protegido.
El conseller Mariano Juan ha explicado que «a diferencia del decreto de recuperación impulsado por el Govern balear, y que da a las medidas que van en este sentido una vigencia de poco más de un año y que afecta únicamente al suelo urbano, la vocación de este reglamento es que sea permanente, y no transitorio, dando seguridad jurídica a los propietarios y los profesionales«.
Finalmente, el reglamento de simplificación afecta también a los trabajos previos de estudio arqueológico y patrimonial, aceptando que el silencio administrativo de un mes sea positivo (actualmente se tardan 8 meses en resolver estos expedientes), siempre que el expediente no afecte a bienes catalogados como BIC u otras catalogaciones específicas insulares, y siempre que vayan acompañados de un plan de actuación con seguimiento arqueológico.
Por otra parte, el reglamento establece incentivos económicos en suelo rústico como son las agroestancias y el alquiler turístico en casas payesas.
El primero afecta al alquiler turístico de habitaciones en viviendas existentes en una explotación agraria preferente en toda clase de suelo, para todo el año con un máximo de seis plazas turísticas en 3 habitaciones.
Además, los propietarios se comprometen a cultivar un mínimo de 4 hectáreas continuas o 10 hectáreas discontinuas, deberán presentar una memoria anual de conservación de los elementos patrimoniales y de cultivos, y deberán incorporar sistemas de almacenamiento de aguas de lluvia. Los jardines sólo podrán ser de plantas autóctonas.
Respecto al alquiler turístico de casas payesas, el reglamento permitirá el alquiler de máximo seis plazas turísticas en 3 habitaciones, durante 60 días al año que pueden ser discontinuos, en casas payesas que no estén en suelo rústico protegido. «El PTI actual no nos permite abrir esto a todo tipo de suelo, pero nuestra intención es modificarlo para que sea posible, ya que es una actuación de impacto cero que no consume suelo, ni recursos, ni afecta al urbanismo y que puede ser muy rentable para quien quiera dedicarse al campo», explica Juan.
Finalmente, el conseller ha explicado en su argumentación que este reglamento es fruto de dos procesos participativos, uno en verano de 2020 y uno a principios de año 2021, «a los que se ha invitado a los cinco ayuntamientos, 21 asociaciones y la ciudadanía en general a través de registro de entrada y de un formulario que se habilitó en la web del Consell».
Además, según ha afirmado, «ha habido una importante implicación de los diversos departamentos del Consell. «La intención de pedir la participación de cuanta más gente posible, mejor, es que este Reglamento nace con la voluntad de ser permanente y perdurable, y de dar seguridad jurídica a los propietarios y profesionales que no pueden estar pendientes de los cambios políticos para saber qué normas estarán vigentes o no«, ha subrayado el vicepresidente.
El grupo PSOE ha votado en contra del nuevo Reglamento urbanístico y turístico «por la falta de consenso en una norma que afecta el territorio, el medio ambiente y el patrimonio de la isla».
El portavoz socialista, Vicent Torres, ha lamentado durante el pleno que el documento «no está acordado con los ayuntamientos» y ha pedido, «sin éxito», al equipo de Vicent Marí que «dejen este Reglamento encima la mesa y abran un proceso de consulta con la oposición para llegar a acuerdos sobre simplificación administrativa, analizándolo punto por punto».
Vicent Torres ha acusado el equipo de gobierno del PP y Cs de «engañar», puesto que «el objetivo de este reglamento no es simplificar», sino «borrar a este Consell del control de la legalidad en ámbitos muy importantes del urbanismo, el turismo, el medio ambiente o el patrimonio». El portavoz del PSOE ha mostrado su «preocupación». «Ustedes hablan de simplificar, pero en verdad lo que quieren es dejar hacer».
Además el grupo PSOE considera que este reglamento «tiene una clara afectación sobre de la normativa autonómica y las competencias municipales» y tiene «serias dudas que muchos de los puntos se puedan sostener desde el punto de vista estrictamente legal».
