@Noudiari/El Grup de Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de modificación de la Ley Turística de Baleares y ha pedido su retirada porque «da amparo legal especulación turística sin ni siquiera contemplar el impacto que estas prácticas ya comportan, a día de hoy, sobre el acceso a la vivienda».
El GEN también ha recordado que el principal problema al que se enfrentan las Baleares «es el de la masificación turística, que comporta, después de décadas de crecimiento incontrolado, un impacto ya inasumible sobre los recursos y los espacios naturales» con un «brutal gasto público en infraestructuras, que soportan los contribuyentes».
«Este imparable crecimiento turístico, por excesivo, nos ha conducido de ser una región con un alto nivel de vida y una renta per cápita de las más altas del Estado, a unos niveles de empobrecimiento de la población que llegan al 25 %».
Según han remarcado, «esta baja calidad de vida y el incremento de la pobreza en la Comunidad está íntimamente ligada a una economía basada en la especulación, alejada del interés público» y el anteproyecto de ley presentado, «lejos de corregir este perverso y obsoleto modelo, prevé directamente dar amparo legal a la especulación turística».
Además del problema de la vivienda, los ecologistas han remarcado que «rompen la dinámica de una convivencia vecinal pacífica», una situación que el anteproyecto «pretende solventar con un articulado irrisorio por ridículo, sin ningún tipo de efectividad práctica, como es el añadido de que «los turistas tienen que estar informados por escrito de que tienen que comportarse con educación y respetar la convivencia”. «Sin lugar a dudas, un brindis al sol que no servirá nunca de nada», han criticado.
Más control y reducción de plazas
El GEN también ha denunciado que el anteproyecto de Ley, “es una puerta abierta a la especulación, como en su día lo fue la ley 8/2012 que ahora modifica», porque además permite que se dediquen a la actividad turística «viviendas edificadas ilegalmente» y que el suelo rústico “se convierta en un macro-suelo de uso turístico”.
Entre los motivos para exigir su retirada, indican además que “la norma no pone ningún tipo de techo de plazas”, que ya se sobrepasó “hace mucho tiempo”.
Por ello, entre sus reclamaciones, los ecologistas piden “una moratoria total de nuevas plazas turísticas”, que se adopten de forma urgente las medidas necesarias “para impedir el funcionamiento de alojamientos ilegales, con la dotación suficiente por inspectores, medios y marco legal”.
También reclaman que “se haga un seguimiento de cada alojamiento turístico existente para establecer su situación urbanística” y que se establezca un plan “para reducir las plazas turísticas existentes hasta límites asumibles por nuestros malogrados y masificados territorios insulares, nuestras infraestructuras y nuestros recursos naturales”.