@Noudiari/ El convenio de carreteras más polémico, el que firmó el año 2004 el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos y que fue anulado por el ejecutivo socialista ese mismo año, sigue provocando quebraderos de cabeza al Govern Balear una década más tarde.
La reticencia del Gobierno español a ponerse el día del pago los 333 millones de aquel convenio ha situado a las cuentas del Govern en una situación muy delicada, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha estimado que se superará el límit de déficit permitido del 1,3% del PIB. Lo más grave de la situación es que existe una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año 2011 que obliga al Gobierno español a pagar los 333 millones de aquel convenio de carreteras, una sentencia que lleva tres años sin acatar.
Lo cierto es que desde el año 2011 el Govern Balear ha dado por hecho que ingresará estos 333 millones y ha ido incluyendo en sus cuentas esta previsión de déficit. Sin embargo, sólo se han ingresado 90,5 millones en el año 2013. Los 92 millones que se esperaban para este 2014 no han llegado, pese a la sentencia de la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo
Recordemos que este convenio de carreteras fue anulado en el año 2004 por la ministra de Fomento del PSOE Magdalena Álvarez, después de que un informe de la Abogacía del Estado denunciara que algunas carreteras, durante el gobierno de Jaume Matas, habían aumentado su coste un 450%. En ese momento, Álvarez dijo una frase que hizo fortuna: “Ustedes sabrán por qué en Balears cuestan tanto las obras”. En cualquier caso, la negativa del gobierno de Zapatero a pagar esta cantidad motivó una dura trifulca política, ya que el PP balear acusó al PSIB de boicotear al ejecutivo balear al negarle el dinero del convenio.
En cualquier caso, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, tras constatar que existe una “incertidumbre sobre la percepción de las transferencias del Estado por un convenio de carreteras celebrado en 2004”, advierte que el Govern tiene que pasar de una deuda del 1,3% al 0,5% en el año 2015, lo que implica un recorte extra de 129 millones de euros. Un sacrificio que sería perfectamente factible si el Gobierno central cumpliera las sentencias judiciales y pagara lo que debe.
Es posible que el Gobierno, su presidente y sus ministros, hayan podido olvidar esta sentencia, y es que es normal, después de tan traumáticos sucesos en que un president de la Generalitat, desacata las resoluciones de otro tribunal. Una vez hayan superado el shock, no les quepa duda, señores lectores, que alguien recomiende telefonear al fiscal general y pedirle que se querelle contra el responsable de recordar a este gobierno de Madrid q desde 2004 debe dinero a los ciudadanos de Baleares. Pero seguro, oigan.