EFE / El Govern deberá hacer frente al pago de 155 millones de euros por sentencias condenatorias firmes en su contra derivadas de la aplicación de la Ley de 2008 medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, que supuso la protección de 1.500 hectáreas, ha dicho hoy la portavoz, Pilar Costa.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha anunciado que «el pago más inminente», porque el Govern ya ha sido requerido por el juzgado recientemente a llevarlo a cabo, es por una sentencia que condena al ejecutivo a pagar 86 millones de euros a las entidades propietarias de terrenos protegidos en Punta Pedrera, en el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia.
En concreto, ese pago deriva de una sentencia condenatoria de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que dio la razón a las entidades Punta Ibiza y Mecron. El importe es por 86.775.013 euros, de los que 21.833.644 euros corresponden a los intereses.
Se ha autorizado hoy a la Conselleria de Territorio a pagarlo ya, ha detallado Costa.
El Consell de Govern ha aprobado hoy créditos suplementarios por 142.824.000 euros para hacer frente al pago de todas las indemnizaciones derivadas de dichas sentencias. Asimismo, Costa ha detallado que hay otras sentencias que aún no son firmes y que están pendientes de resolución de recursos ante el Tribunal Supremo.
Ha recalcado que la ley que supuso la protección de 1.500 hectáreas de terreno y 7 kilómetros de costa fue «una apuesta decidida por la protección» y ha indicado que no por todos los espacios preservados se han tenido que pagar indemnizaciones. El crédito, con cargo a los presupuestos de la comunidad del ejercicio 2018, prevé que 133 millones se financien con endeudamiento a largo plazo, de manera que se autoriza al Govern a emitir deuda pública o a concertar créditos para pagarlo.
Los otros 9,82 millones se financiarán por medio de una reducción por el mismo importe en la partida presupuestaria de las amortizaciones de deuda financiera de 2018, ya que existe dicho sobrante.
Por otra parte, en el mismo decreto ley sobre esta cuestión se modifica el Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños producidos por las inundaciones del 9 de octubre de 2018 en la comarca de Llevant de Mallorca.
La modificación permite aclarar y simplificar la justificación de algunas de las ayudas en materia de vivienda y otras edificaciones en el sentido de suprimir la exigencia de ejecutar y justificar las obras de reparación o rehabilitación que se realicen en caso de destrucción parcial de la construcción, y también en caso de que esta destrucción parcial no afecte a la estructura del inmueble.
Costa ha detallado que para que no harán falta facturas, sino que será suficiente aportar el peritaje realizado por los técnicos sobre la necesidad de las obras
NOOOOO el Govern no. Los ciudadanos con sus impuestos es quien va a pagar las metidas de pata de este Govern. Tendrían que cobrárselo a los políticos que con sus decisiones erróneas nos llevan a la ruina. Cuantos colegios se podrían hacer con 86 millones? Que sacó de gente!