EFE / El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha anunciado este martes en el pleno del Parlament que el comercializador del asentamiento chabolista de Can Rova, desalojado el pasado 31 de julio en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza, se enfrenta a una multa de 2,4 millones de euros.
En respuesta a una pregunta del diputado socialista Marco Guerrero, Mateo ha dicho que la resolución incluye 80 infracciones «muy graves» previstas en la Ley de Vivienda autonómica, relacionadas “con 80 construcciones muy precarias calificadas como infraviviendas”.
La resolución está en proceso de notificación al propietario y se publicará en el boletín oficial esta semana, ha añadido el conseller, quien ha comunicado, entre otras medidas, que en breve firmarán convenios con instituciones de Ibiza para la construcción de «más de 600 viviendas» sociales.
Mateo ha defendido que el Govern “aporta medidas” para enfrentar el problema de la vivienda y actúa contra quienes “incumplen la ley”.
En su intervención, Guerrero ha reclamado la limitación de los precios del alquiler y más vivienda pública para frenar la proliferación de asentamientos.
«Si no lo hace, cada residente desalojado por no poder afrontar la renovación de su contrato de alquiler será responsabilidad suya, de su Govern y de su partido”, ha señalado el diputado.
Cuanto lleva Can Rova funcionando? Unos 10 años
A quién pertenece? Dicen que a un fondo buitre
Quién pagará la multa de 2,4 millones? El fondo buitre que está esperando que le pasen la factura a su sede en las Islas Cayman en el Caribe.
A qué suena bien?