@D.V./ Con la declaración de los peritos y la lectura de las conclusiones, ha finalizado el juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados al exconseller insular de Cultura y Patrimonio, Joan Marí Tur ‘Botja’, al ex director de Patrimonio Antoni Arabí, al constructor Matías Arrom Bibiloni y al jefe de obras Sancho Álvarez por un delito continuado de destrucción del patrimonio histórico. Marí Tur y Arabí también se enfrentan a una acusación de prevaricación.
La Fiscalía ha realizado un alegato durísimo contra los cuatro acusados y se ha reafirmado en su petición de 3 años de prisión y multa de 72.000 euros para los cuatro acusados, además de pedir diez años de inhabilitación para ocupar un cargo público para ‘Botja’ y Arabí.
«Ustedes miraron hacia otro lado»
Durante la lectura de conclusiones, el fiscal ha criticado con dureza las palabras de Marí Tur durante el primer día de juicio, en el que se jactaba de ignorar la Ley de Patrimonio Histórico de las Baleares ya que él ‘sólo estaba obligado a conocer la Constitución’. “Pues bien, el artículo 46 de la Constitución afirma que ‘los poderes públicos protegerán el patrimonio histórico’” y ha añadido que “su obligación como conseller de Cultura y Patrimonio era conocer y aplicar tanto la Constitución como la Ley de Patrimonio”.
El Fiscal ha recordado que las obras empezaron sin ningún tipo de control arqueológico, y que entre mayo y julio de 2005 tampoco hubo ningún tipo de control, con lo que la constructora violó la ley en dos ocasiones. “¿Usted que hizo? Mirar hacia otro lado”, ha dicho el fiscal. “La Ley le obligaba a actuar, pero usted se quedó con los brazos cruzados”. El Fiscal también ha recuperado recortes de prensa de la época con declaraciones del exconseller desdeñando la importancia de los destrozos y defendiendo en todo momento a la constructora: “Menos mal que no teníamos los restos del Valle de los Reyes, porque usted no hizo nada para evitar la destrucción de todo”. Unos argumentos de comisión por omisión y prevaricación que la Fiscalía también ha repetido cuando ha leído las conclusiones contra Toni Arabí.
Respecto al papel del constructor Matías Arrom, el Fiscal ha recordado el artículo 105 de la Ley de Patrimonio, que especifica la responsabilidad de los promotores y constructores de una obra, en el caso que se produjera una destrucción de patrimonio. “Usted sabía perfectamente que no podía empezar una obra sin un seguimiento arqueológico, pero lo hizo”, ha dicho el Fiscal. Igualmente, en su lectura de conclusiones sobre el jefe de obra, Sancho Álvarez, ha recordado que “no comunicó la destrucción de la cisterna, no comunicó la destrucción del acueducto romano, y se trataba de su obligación”.
La Fiscalía ha acusado a Álvarez de “mentir” por afirmar que los arqueólogos de la empresa Posidonia estaban presentes cuando se destruyó el acueducto romano cuando no era así, y ha asegurado que el jefe de obras “hizo caso omiso de todas las indicaciones de los arqueólogos y arrasó con todo y continuó la obra”.
Prescripción y ausencia de dolo, según las defensas
Las defensas piden la prescripción de los hechos ya que consideran que para juzgar este caso se debe aplicar el antiguo código penal y, en este delito, los hechos prescriben a los tres años: “Parece que el Fiscal es ajeno al Código Penal nuevo”, ha comentado el abogado de Arrom y Álvarez, quien les ha eximido de cualquier responsabilidad, descargándola sobre Matías Arrom Quetglas -hijo del constructor y supervisor de las obras- y sobre Antoni Comas, encargado de la maquinaria y de mover las retroexcavadoras: “Que Arrom y Álvarez estén en el banquillo de los acusados es fruto de una instrucción deficiente”. También ha insistido que la destrucción del patrimonio histórico no era un delito doloso sino una “consecuencia inevitable cuando se desarrollan unas obras de esta envergadura».
El abogado del exconseller Joan Marí Tur ha recordado que los trabajos del segundo cinturón de ronda se desarrollaron en una zona “carente de cautela arqueológica”, y que la construcción de una carretera que enlazara Vila con el aeropuerto era una “obra de interés general, y esto es la que debe primar” y que, por tanto, “el patrimonio arqueológico debe sufrir algún menoscabo, aunque lo lamentamos”. La defensa de Marí Tur ha criticado que la Fiscalía equipare el hecho que el exconseller no abriera un expediente sancionador contra la constructora con una ‘comisión por omisión’, y ha asegurado que a su defendido se le acusa de “una falta administrativa, cuando aquí estamos dilucidando un tema penal”.
La defensa de Toni Arabí ha repetido los argumentos de las otras defensas -prescripción de los hechos y que la zona de obras no era de cautela arqueológica- y ha añadido que no se puede acusar a Arabí de desidia porque el Consell envió una carta al Govern Balear, que era la responsable directa de las obras, reclamando que incluyera un seguimiento arqueológico a los trabajos. “Si se produjeron estos destrozos fue por una descoordinación entre la empresa constructora y los arqueólogos, y por las enormes dimensiones de la obra, no por la existencia de una voluntad de delinquir”.
