@Noudiari/ Siete años después de la sentencia que ordenaba su demolición, finalmente parece que sí se puede afirmar que la mansión ilegal situada en Puig d’en Serra puede tener los días contados. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha informado que sus servicios jurídicos han recibido el auto que autoriza al gobierno municipal a entrar en el inmueble situado en la cima del Puig d’en Serra, en Es Cubells, con el “objetivo de llevar a cabo las medidas necesarias para hacer cumplir la legislación urbanística vigente”. Unas ‘medidas necesarias’ que, a efectos prácticos, se deben traducir como “derribo de la vivienda” .
Según el auto judicial, los técnicos municipales deberán personarse en este inmueble antes del plazo de quince días, que se contarán a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, que todavía no ha sido recibida formalmente en el Ayuntamiento. No obstante, Sant Josep ha adelantado que ya está “trabajando en la coordinación de los servicios municipales con la empresa adjudicataria de las labores de derribo para poder hacer cumplir la legalidad cuanto antes”. Hay que recordar que en mayo de 2011 el anterior gobierno municipal, dirigido por Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, adjudicó a la empresa Erri Berri S.L. los trabajos de demolición.
“El Ayuntamiento no ha tenido ninguna intención de hacer cumplir la sentencia”
Este vivienda, de más de 300 metros cuadrados de superficie, está situada en la cima del Puig d’en Serra y pesa sobre ella una sentencia firme de demolición desde el año 2006. El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció en 1996 las obras de construcción de esta casa, que se levantó en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) en la cima de una montaña, algo que está terminantemente prohibido por la Ley de Espacios Naturales. La licencia fue concedida en el año 1992 por el entonces alcalde José Serra Escandell, a pesar de los informes que advertían que se ubicaba en un suelo no edificable.
Así, en septiembre de 2005 el Juzgado de Primera Instancia declaró esta vivienda ilegal y, por este motivo, ordenó su demolición. Aunque esta sentencia se recurrió, un año después el Tribunal Superior de Justicia de Balears la ratificó. La aplicación de la sentencia se ha demorado durante siete años en los que se ha ido alternando el color político en el gobierno municipal. Finalmente, en julio de 2013 el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) se personó en el caso y pidió que se aplicaran sanciones de tipo penal a los responsables políticos de esta situación.
“En ningún momento el Ayuntamiento de Sant Josep ha tenido intención de aplicar la sentencia, y estamos convencidos que si no fuera porque nos personamos en la causa, todavía estaríamos igual” comenta Joan Carles Parlerm, portavoz del GEN en este tema. Palerm explica que cuando un juzgado dicta una sentencia de este tipo usualmente no establece plazos en la demolición, ya que se confía en que las administraciones públicas aplican las resoluciones judiciales: “No ha sido el caso, y el juez ha tenido que intervenir nuevamente”.
Los ecologistas se muestran satisfechos y aseguran que, ahora sí, la casa ilegal será derribada, aunque han advertido que en el municipio hay otros casos similares: “Lo importante es que se vea que la impunidad se ha terminado”.
No me extraña que el Ayuntamiento, en diversas legislaturas, no haya querido tirar la casa.
Fue el Ayuntamiento quien otorgó la licencia, y será el Ayuntamiento el que deberá afrontar ahora una indemnización por responsabilidad patrimonial de varios millones de euros.