El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha entregado al Govern y al Consell de Ibiza un listado de unos 7.000 pisos turísticos que se comercializan en Baleares “sin publicitar su número de licencia”, de un total de 22.000 viviendas vacacionales localizados en el archipiélago.
En declaraciones a los periodistas, Bustinduy ha destacado que ha elegido Ibiza para hacer entrega “por primera vez” a una comunidad autónoma de la información recabada por la unidad de análisis del Ministerio de Consumo, una investigación que además incluye datos “sobre el tipo de alojamientos y sobre los anfitriones”.
El ministro ha señalado que es un “recurso valioso” para que las administraciones que tienen “voluntad política suficiente para intervenir, puedan hacerlo” y para que sea un ejemplo de cooperación institucional “para abordar este problema”.
“Los pisos turísticos ilegales y su proliferación son uno de los principales vectores de la crisis de vivienda que vive nuestro país”, ha remarcado Bustinduy, quien ha añadido que “detrás de la proliferación de estos modelos comerciales ilegales y de la persecución del lucro, muchas veces por unos pocos especuladores, se encuentra la situación de decenas de miles de familias que no pueden pagar un alquiler”.
Al respecto, ha remarcado “más de un 30 % de la oferta de pisos turísticos» en el archipiélago balear «no respeta la obligación de publicar el número de licencia pertinente”.
Los datos recabados sobre pisos que se publicitan sin licencia, que también se aportarán a otras comunidades autónomas, son “una invitación a todas las autoridades a todos los niveles gubernamentales para que se tomen en serio este problema e intervengan”, ha afirmado.
Bustinduy ha recordado que el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de comercialización ‘on line’ por la publicidad de pisos turísticos sin licencia y que tiene en marcha investigaciones, como paso previo a la apertura de un expediente, “a grandes gestoras de pisos turísticos y también a grandes inmobiliarias” en diferentes zonas de España por contravenir la Ley de Vivienda al cobrar honorarios a los inquilinos en vez de a los propietarios.
En el caso de Baleares, la información recabada debe servir de base para que las administraciones «competentes a nivel local, insular y autonómico» puedan intervenir, porque en sus competencias, el Ministerio tiene capacidad de “investigación y en su caso de sanción” sobre problemáticas que afecten a dos o más comunidades autónomas o al ámbito digital.
El ministro se ha reunido con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y con el conseller de Turismo del Govern balear, Jaume Bauzà, para, además de entregar la documentación, querido conocer de primera mano la problemática de las viviendas turísticas ilegales y las políticas que se aplican para combatirla.
Por su parte, el Consell en un comunicado ha destacado que «el pionero Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo, impulsado por el Consell Insular de Ibiza, ha sido hoy objeto de análisis» en la reunión mantenida entre el presidente del Consell y el ministro.
Ambas partes han coincidido en remarcar que se trata de una situación que requiere una respuesta coordinada y conjunta por parte de las administraciones central, autonómica y local, debido a los graves efectos que tiene sobre la oferta de vivienda en el mercado de alquiler residencial, la convivencia turística y la explotación de recursos, así como el perjuicio que supone para la imagen del sector profesional de las viviendas turísticas legales.
El presidente del Consell, Vicent Marí, ha explicado al ministro que desde el Consell llevan más de cinco años trabajando contra la oferta ilegal a través de la Oficina creada específicamente para combatirla. Asimismo, le ha expuesto los avances logrados con la creación del registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos, los convenios con Airbnb y Booking para la retirada de anuncios ilegales de las plataformas digitales, los acuerdos con los ayuntamientos de la isla para implicarlos en esta lucha con las policías locales y los departamentos de Urbanismo, así como la creación de la Mesa de Intrusismo, que se presentará oficialmente en las próximas semanas y estará integrada por administraciones públicas, el tejido económico de la isla y las principales plataformas digitales de alojamiento turístico.
Todas estas medidas, según Marí, buscan que las viviendas que actualmente se alquilan de manera fraudulenta “dejen esta actividad y salgan al mercado residencial, contribuyendo a mejorar la problemática de acceso a la vivienda que sufrimos actualmente”, además de beneficiar la calidad y la imagen de la oferta turística de Ibiza, afectada por actividades ilegales que utilizan las plataformas digitales para hacer negocio.
“Quiero agradecer al ministro de Consumo su interés por el trabajo que se realiza en Ibiza y su disposición a colaborar en nuestro Plan de Choque a través del intercambio de los datos que se recopilan en el Ministerio y los que se recogen en el Consell sobre los anuncios ilegales detectados en las islas, información que será de gran utilidad para nuestro plan”, ha explicado el presidente.
Por su parte, el ministro de Consumo ha manifestado su satisfacción por conocer de primera mano el trabajo que realiza la Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell para combatir “un gravísimo problema no solo en Ibiza, sino también en el resto de las islas y en otras zonas del país”.
“Hoy asistimos a un ejemplo de cooperación y coordinación entre administraciones. Hoy hacemos una invitación a otras administraciones para que tomen en cuenta este problema, como lo hace Ibiza, y actúen para mejorar la vida de la ciudadanía”, ha concluido el ministro Bustinduy.
El Plan de Choque contra el Intrusismo, impulsado por el Consell Insular de Ibiza, cuenta con una financiación de 22 millones de euros para su desarrollo en los próximos tres años, procedentes de la aportación del Impuesto de Turismo Sostenible.
EFE / Redacción
